En comunidades indígenas y migrantes, la falta de terapias y acompañamiento agrava el daño a las víctimas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Chiapas, el aumento sostenido de casos de agresiones sexuales contra niñas y niños ha encendido las alarmas, pero no las respuestas institucionales. Mientras las denuncias se multiplican, las terapias de acompañamiento y atención especializada siguen siendo casi inexistentes en muchas regiones, en especial en zonas indígenas y migratorias. La Asociación Internacional Granito de Arena advirtió, hay una brecha crítica entre el daño causado y el respaldo que reciben las víctimas.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Chiapas se abrieron 712 carpetas por delitos sexuales contra menores en 2023, un incremento del 38 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, solo el cuatro por ciento de esos casos obtuvo acompañamiento psicológico continuo, según el DIF estatal. En comunidades rurales, donde las agresiones se invisibilizan con mayor facilidad, la cifra de atención se reduce aún más, apenas una psicóloga por cada 100 casos reportados, en promedio.
La activista y fundadora de Granito de Arena, Elena Torres Villanueva, aseguró que muchos de estos abusadores son personas intachables. Esta táctica de manipulación emocional ha sido documentada también por la Asociación Mexicana de Internet, que alerta sobre la presencia de estos perfiles en espacios educativos y digitales.
Lo más preocupante es que la entidad comparte rasgos con patrones internacionales de abuso. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) destacó que el 71 por ciento de los casos en el estado son cometidos por personas cercanas a las víctimas. En tanto, la región del norte del estado, como Raudales Malpaso, ha registrado repetidos casos de abuso escolar donde los agresores aprovecharon la confianza ganada para acceder a menores.
La urgencia no se limita a prevenir más ataques, sino a evitar que el abandono institucional se convierta en una segunda forma de violencia. Las comunidades necesitan protocolos, personal capacitado y seguimiento integral. Hablar de estos temas ya no basta, la región necesita transformar el discurso en protección real. Porque cuando los agresores aprenden a disfrazarse de bondad, la única defensa es una sociedad alerta, informada y acompañada.
