La sección 32 del SUTERM enfrenta señalamientos por priorizar fiestas y gastos personales sobre derechos laborales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Mezcalapa, trabajadores temporales de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) denunciaron prácticas que reflejaron un patrón de desvío de recursos y abusos sindicales en la Sección 32 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Según la denuncia, se les exigió aportar 500 pesos para un baile de aniversario, una carga que representa hasta el ocho por ciento de su salario mensual promedio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre ingresos de trabajadores temporales en el estado.
Las quejas apuntaron a que las prioridades del sindicato están enfocadas en eventos sociales en lugar de en el bienestar de la base laboral. La Secretaría del Trabajo indicó que en la comarca 29 por ciento de los empleados del sector público presentan irregularidades en prestaciones y bonos, lo que evidenció que el conflicto en Mezcalapa no es un caso aislado.
Además del cobro obligatorio, los trabajadores señalaron nepotismo y tráfico de influencias, mientras que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estimó que el 65 por ciento de los contratos temporales en el sector eléctrico carecen de supervisión suficiente, lo que deja a la base laboral expuesta a decisiones arbitrarias de la dirigencia.
Las demandas actuales incluyen auditorías del manejo de recursos y revisión de nóminas, dado que solo 40 por ciento de las denuncias de trabajadores temporales en la entidad son atendidas de manera formal por las autoridades laborales, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. La presión se agudiza por la obligación de trabajar horas extras no remuneradas y la falta de compensaciones por bonos de producción.
Hasta el momento, 10 despidos injustificados se encuentran en proceso de demanda, lo que evidenció un patrón sistemático de vulneración de derechos. Los trabajadores exigen intervención del sindicato nacional y mayor transparencia, en un contexto donde la corrupción sindical y la explotación laboral afectan a cientos de familias en la región.
