La rapidez en la adjudicación y falta de documentación entregada encendieron alertas sobre el manejo de recursos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Al colocarse bajo cuestionamiento un contrato por más de 15 millones de pesos destinado a un supuesto seguro de vida colectivo en el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECH), la controversia pone en duda el uso de recursos públicos en el sector educativo, donde la transparencia en adquisiciones se vuelve un factor determinante para la confianza institucional.
Mientras el proceso de adjudicación se resolvió en apenas tres días, la rapidez con la que se autorizó, asignó y firmó el contrato creó dudas sobre los controles internos, sobre todo si se considera que datos de la Auditoría Superior de la Federación señalaron que cerca del 22 por ciento de observaciones en gasto educativo en el sur del país están vinculadas con irregularidades en adquisiciones.
A partir de la falta de pólizas entregadas a los trabajadores, el caso adquirió una dimensión más profunda al sugerir la posible simulación de un servicio que, en teoría, debía brindar protección a la plantilla laboral, en un entorno donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que más del 55 por ciento de los trabajadores en Chiapas carecen de acceso a seguros privados o mecanismos adicionales de protección social.
Con una empresa contratada que no cuenta con historial en el sector asegurador, el señalamiento ocasionó a prácticas que podrían encuadrarse en esquemas de desvío de recursos, en específico si se toma en cuenta que la Secretaría de la Función Pública ha documentado que en ejercicios recientes más del 18 por ciento de contratos observados presentan inconsistencias en la capacidad operativa de los proveedores.
En medio de la omisión institucional y la expectativa de una postura oficial, el trasfondo del caso volvió a colocar en el centro la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia del gasto público, puesto que la comarca destina más del 40 por ciento de su presupuesto a educación, lo que obliga a garantizar que cada recurso asignado cumpla con su finalidad y no se diluya en procesos cuestionados.
