El Congreso analiza la propuesta de sancionar con hasta siete años de prisión estas conductas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Al plantearse la tipificación del abandono de personas como delito en Chiapas, la iniciativa del legislativo generó una discusión sobre la inestabilidad de los sistemas de cuidado en contextos familiares, donde adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos dependen casi por completo de redes privadas que no siempre garantizan condiciones mínimas de dignidad.
Mientras el Congreso analiza la propuesta de sancionar con hasta siete años de prisión estas conductas, el trasfondo apuntó a una problemática creciente, puesto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que más del 12 por ciento de la población en la comarca vive con alguna discapacidad, lo que implica una demanda constante de cuidados especializados que en muchos casos recae en familiares sin apoyo institucional suficiente.
A partir de este escenario, la iniciativa busca no solo castigar el abandono, también redefinir la responsabilidad legal de quienes asumen el rol de cuidadores, sobre todo en un contexto donde el Consejo Nacional de Población proyectó que la población adulta mayor en el estado superará el 10 por ciento en la próxima década, esto incrementará la presión sobre sistemas de atención y protección social.
Con la inclusión de sanciones adicionales como la pérdida de la patria potestad o tutela, el planteamiento legislativo introdujo un enfoque que vincula el abandono con la violación de derechos humanos, en línea con criterios de la Suprema Corte, sobre todo si se considera que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha documentado que más del 60 por ciento de personas mayores en la comarca enfrenta al menos una carencia social que agrava su vulnerabilidad.
En medio de la discusión jurídica, el fondo del debate se situó en la capacidad del estado para prevenir estas conductas antes de sancionarlas, dado que, datos de la Secretaría de Salud indicaron que una proporción significativa de personas con enfermedades crónicas depende de cuidados continuos, lo que convierte cualquier omisión en un riesgo directo para su vida y obliga a replantear el alcance de la protección legal.
