El aumento en tarifas eléctricas encendió la inconformidad, donde usuarios aseguraron que su consumo no justifica los montos facturados
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Al intensificarse las quejas por cobros elevados en el servicio eléctrico en Tonalá, comisariados ejidales colocaron el tema como una presión directa sobre la economía doméstica, al advertir que familias con consumo básico enfrentan aumentos que no corresponden con su nivel de uso, lo que ha generado dudas sobre los criterios de facturación aplicados en zonas rurales y urbanas del municipio.
Mientras los recibos pasaron de montos cercanos a los 200 pesos a cifras que alcanzan hasta mil 500 pesos en apenas dos meses, la inconformidad creció entre comunidades que dependen de ingresos limitados, sobre todo si se considera que en Chiapas el ingreso corriente promedio trimestral por hogar es de apenas 13 mil pesos según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que vuelve estos incrementos un golpe directo al gasto esencial.
A partir de las denuncias de comisariados, la discusión trascendió lo inmediato al evidenciar una brecha entre consumo real y cobro facturado, en un contexto donde la Comisión Reguladora de Energía ha documentado que más del 35 por ciento de los usuarios domésticos en el sureste se ubican en tarifas subsidiadas, lo que debería contener variaciones abruptas en los recibos.
Con la participación de localidades como Ignacio Ramírez, El Vergel, Durango y Cabeza de Toro, la protesta tomó una dimensión regional al señalar un patrón que no parece aislado, en especial si se toma en cuenta que datos de la Comisión Federal de Electricidad indicaron que Chiapas mantiene uno de los consumos promedio más bajos del país por hogar, con cerca de 150 kWh mensuales en zonas rurales.
En medio de la exigencia de revisión a los cobros, el trasfondo apuntó a una relación desigual entre proveedor y usuario, donde la falta de claridad en los procesos de medición alimenta la desconfianza, sobre todo en una región donde el 67 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que convirtió cualquier incremento inesperado en un factor de presión social acumulada.
