La Feadle atrajo el caso al considerar que el delito buscaba castigar la libertad de expresión a la víctima
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Un fallo judicial sentó precedente en la protección a periodistas en México. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia contra Martín “N” por amenazas agravadas contra la Martina María de los Ángeles Mariscal periodista en Chiapas, luego de acreditarse su responsabilidad en ataques digitales. La pena impuesta de tres meses de prisión y servicio comunitario envía un mensaje claro sobre la intolerancia a la violencia contra la prensa.
El caso fue atendido por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que presentó pruebas suficientes para demostrar que las agresiones tenían la intención de limitar la labor periodística de la víctima. Además de la condena, se ordenaron medidas para la reparación integral del daño, que garantiza su derecho a la justicia.
Más allá del castigo, el proceso expuso un patrón de conducta reincidente. Martín “N” ya había sido vinculado a proceso en Sinaloa por agresiones similares contra otro periodista. En esa ocasión, evitó una pena mayor al aceptar su responsabilidad y reparar el daño. Sin embargo, su reincidencia en Chiapas evidenció la necesidad de una respuesta penal más firme.
La Feadle ejerció su facultad de atracción bajo el argumento de que el delito no solo atentó contra una persona, sino que buscó castigar el libre ejercicio de la libertad de expresión. Este caso también reforzó la política de persecución penal en delitos contra periodistas mujeres, un sector vulnerable ante la violencia digital.
El fallo reabrió el debate sobre la efectividad de las penas en casos de violencia contra la prensa. Aunque es un avance en la lucha contra la impunidad, el sector agraviado se cuestiona si tres meses de presión y servicio a la comunidad son sanciones justas ante un problema estructural que amenaza el ejercicio periodístico en Chiapas.
