Con más de mil internos, el sistema penitenciario enfrenta una crisis de sobrepoblación y posibles colusiones con el crimen organizado
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En lo que va de la administración, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) han logrado la detención de más de dos mil personas. Entre estas, 150 son elementos de las fuerzas de seguridad acusados de coludirse con el crimen organizado. Este problema no ha pasado desapercibido para las autoridades, quienes han tomado medidas drásticas como la detención de un subdirector de la Policía Estatal Preventiva, esto mostró que no habrá tolerancia ante la corrupción interna.
Uno de los problemas más graves en el sistema penitenciario de Chiapas es la sobrepoblación. Las autoridades han admitido que los penales, como El Amate en Cintalapa, están al borde de la saturación. Ante esta situación, se evalúa el traslado de los reclusos federales al penal de Villacomaltitlán, de máxima seguridad, para evitar que las cárceles locales se conviertan en centros de poder paralelo.
El homicidio de Yudiel Flores Tovar, condenado por pornografía infantil, ha revelado una preocupante situación de corrupción y posible autogobierno en los penales. Flores Tovar fue encontrado muerto en su celda, y las investigaciones han indicado que, además de ser parte de una red al interior del penal, mantenía un celular con material relacionado con abuso infantil. Esto ha puesto en evidencia la falta de control sobre los reclusos y la posible complicidad de algunos custodios.
La existencia de un autogobierno dentro de El Amate también ha sido documentada. Los reclusos manejan información sensible y controlan el orden dentro del penal, lo que dificulta la operación de las autoridades.
Las autoridades han sido claras en su compromiso de investigar la corrupción dentro de los penales, especialmente en El Amate. Ahora se realizan investigaciones sobre las autoridades penitenciarias responsables de garantizar la seguridad de los reclusos. Este caso puso de manifiesto que, más allá de las sanciones, se requiere una reforma estructural para prevenir el autogobierno y mejorar las condiciones al interior de los centros penitenciarios.
