Autoridades estatales fueron señaladas por omisión ante la violencia. Las familias desplazadas exigen justicia, seguridad y reparación
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Lo que parecía una noticia positiva para una pequeña comunidad indígena en Chiapas, terminó convirtiéndose en el origen de una tragedia. La rifa simbólica del avión presidencial dejó un premio de 20 millones de pesos a la escuela preescolar del poblado El Nacimiento. Lejos de traducirse en mejoras educativas, ese dinero detonó la codicia armada de un grupo paramilitar que hoy mantiene desplazadas a más de 250 personas.
El grupo conocido como “Los Petules” tomó el control del destino del premio con amenazas y armas. Según testimonios de los pobladores, los presionaron para usar el dinero en la compra de armamento y en una supuesta guerra contra comunidades del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). La comunidad, que aspiraba a invertir en escuelas e iglesias, se encontró frente a una disyuntiva entre la vida y la dignidad.
El conflicto escaló con rapidez. Cuando un agente municipal se negó a ceder a las exigencias, fue baleado. A partir de ahí, se desató una campaña de hostigamiento que culminó en octubre de 2021 con el desalojo forzado de familias enteras. Las víctimas no solo perdieron sus casas y animales, también su sentido de pertenencia, mientras el Estado permanecía al margen.
La omisión de la pasada administración estatal fue clave en el agravamiento del caso. Ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reconoció la condición de desplazados, ni se ofrecieron rutas seguras para el retorno. Para las familias, cualquier intento de volver ha sido interpretado como una condena a muerte. Hoy viven en refugios improvisados, con la esperanza puesta en un nuevo Gobierno que aún no responde.
A casi cuatro años del premio, las familias desplazadas han pagado el costo de un símbolo vacío. “Los Petules” permanecen impunes, armados y en control del territorio. Y mientras el dinero se evaporó en medio del conflicto, la comunidad exige lo que el Estado les negó desde el principio: justicia, reparación y el derecho a vivir sin miedo.
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El grupo conocido como “Los Petules” tomó el control del destino del premio con amenazas y armas
