El crecimiento en el número de convictos agrava la crisis en cárceles y dificulta la reinserción social
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El sistema penitenciario de Chiapas se encuentra al borde del colapso. Un aumento del 7.85 por ciento en las detenciones durante los primeros cuatro meses del año ha saturado los 15 centros estatales. En la actualidad, más de seis mil 600 personas están privadas de su libertad, muchas de ellas sin sentencia, en condiciones que ya no permiten hablar de reinserción social.
El uso desmedido de la prisión preventiva ha convertido a los Centros de Reinserción Social (CERESOS) en depósitos de procesos inconclusos. De los internos, casi tres mil están en espera de resolución judicial. Este rezago, sumado a nuevos ingresos, crea hacinamiento crónico que afecta la seguridad de los internos y el personal.
Algunos penales duplican o incluso triplican su capacidad. Huixtla registra una sobrepoblación del 365 por ciento, mientras que Catazajá y Acapetahua superan el 160 por ciento. Estas cifras revelaron una crisis humanitaria que va más allá de la estadística y que pone en riesgo la vida y dignidad de miles de personas.
Las condiciones actuales niegan cualquier posibilidad de rehabilitación. Las celdas, pensadas para pocos, ahora albergan decenas de personas sin distinción entre procesados y sentenciados. El encierro sin condiciones mínimas es una política que castiga más allá del delito. La sobrepoblación no solo vulnera derechos, sino que desactiva cualquier intento serio de reinserción. Actividades educativas, laborales o de atención psicológica quedan relegadas por falta de espacio y recursos.
Frente a este escenario, construir más cárceles no es la solución. Chiapas necesita repensar su sistema penal, al apostar por justicia con plazos razonables y medidas alternativas. El encierro masivo ha dejado de ser una medida excepcional y se ha convertido en una condena anticipada.La prisión preventiva debe usarse con responsabilidad, no como regla general. Además, urge una depuración de casos para descongestionar los tribunales. Sin voluntad política ni enfoque de derechos humanos, la crisis solo empeorará.
