La comunidad acusó que proteger lo justo en la región sigue siendo una sentencia de muerte para líderes sociales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El asesinato de Leumim Gómez Girón no solo dejó un vacío en su familia, también marcó un precedente doloroso para quienes creen en la vía legal como camino de resistencia. Su lucha por devolver el Tianguis Campesino a manos de sus legítimos ocupantes fue vista por muchos como un acto de valor, pero su muerte envió un mensaje inquietante, en Chiapas, hacer lo correcto puede costar la vida.
La marcha realizada no fue un acto de duelo; fue una declaración política. Comerciantes, campesinos y ciudadanos comunes caminaron por las calles exigiendo algo que debería ser obvio, justicia. Pero en un contexto donde el crimen organizado ha infiltrado disputas sociales y económicas, la justicia parece ser una excepción, no la regla. La presencia de armas y droga durante el desalojo a la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (COMACH) reveló que el conflicto por el tianguis era algo más que una pugna entre productores.
El respaldo del Poder Judicial a los comerciantes mediante una orden de desalojo parecía un avance institucional en medio del caos. Sin embargo, el asesinato de Leumim reflejó el precio que puede implicar cualquier avance. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), tan solo en 2023, se registraron 19 asesinatos de líderes comunitarios en Chiapas. Leumim es ahora parte de esa estadística que crece en silencio.
Detrás de su figura de abogado estaba la de un padre, un defensor del comercio justo y un articulador comunitario. La impunidad que pudiera rodear su caso no solo le fallaría a su familia, también debilitaría la confianza ciudadana en un sistema que debería proteger a quienes eligen la ley sobre la violencia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 71 por ciento de los chiapanecos considera que es poco o nada efectivo denunciar un delito ante las autoridades.
La exigencia de justicia es también un grito por frenar la normalización del miedo. Si la muerte de Leumim se archiva sin consecuencias, se enviará el mensaje de que no hay diferencia entre el crimen y el Estado. Y entonces, las calles dejarán de ser un lugar para marchar y pasarán a ser un territorio de quienes imponen el silencio por la fuerza.
