Proyectos buscan incentivar la certificación y créditos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, la economía informal domina el panorama económico, al representar aproximadamente el 75 por ciento del total de actividades económicas, según el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González. Esta cifra, constante en los últimos años, reflejó la complejidad de formalizar un sector donde convergen desde vendedores ambulantes hasta pequeños emprendedores sin registro oficial, que sostienen gran parte del empleo estatal.
La informalidad no solo limita el crecimiento económico, sino que también afecta la recaudación fiscal y la capacidad de las empresas para acceder a financiamiento formal. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicaron que en la entidad solo el 26 por ciento de las unidades económicas están registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que evidencia un gran segmento fuera del sistema tributario formal. Esta realidad se traduce en menor inversión en infraestructura y menos recursos para programas sociales.
El impacto social de esta dinámica es significativo, pues el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que el 60 por ciento de los trabajadores informales en la comarca no cuenta con acceso a servicios de salud ni seguridad social, lo que limita su calidad de vida y aumenta su vulnerabilidad ante crisis económicas o de salud. La falta de protección social también repercute en la estabilidad familiar y en la movilidad económica.
En respuesta, el Gobierno estatal ha impulsado proyectos como Chiapanequidad, que busca incentivar la formalización mediante créditos y acceso a mercados. Además, la obtención de denominaciones de origen para productos locales como el café y el ámbar representa una oportunidad para agregar valor y fortalecer la economía regional. Según la Secretaría de Economía, estas iniciativas podrían aumentar hasta en un 15 por ciento los ingresos de los productores certificados.
Sin embargo, la informalidad sigue siendo un desafío ligado a factores estructurales, como la inseguridad y la falta de educación financiera. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) indicó que el 45 por ciento de los pequeños comerciantes en la entidad ha sido víctima de algún delito, lo que desalienta la formalización. Superar estas barreras es clave para transformar la economía informal en un motor de desarrollo sostenible para el estado.
