La advertencia es clara, quienes no cubran la cuota serán asesinados, según un documento firmado por el patronato local
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Tila, habitar ya no es un acto cotidiano, es una cuota. El cobro de 550 pesos por “registro agrario” y la amenaza de expulsión coloca a la comunidad de Chulum Chico ante un mensaje nítido, quien controla el acceso a la tierra controla también la vida civil. No es un trámite; es una frontera económica que decide quién pertenece y quién sobra. Eso es, en los hechos, derecho de piso.
El documento firmado por el presidente del patronato, Manuel Pérez, transformó una supuesta disposición federal en un mecanismo de coerción local, pagar o abandonar tu casa; quedarte y arriesgar la vida. El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa lo nombró por su nombre: extorsión. En el momento que una tarifa se instala como condición de residencia, el tejido comunitario se vuelve rehén y la autoridad queda desplazada por reglas de fuerza.
El contexto de Tila agrava el cuadro. En un municipio señalado como foco rojo, con secuelas de grupos delictivos, cualquier “cuota” se convierte en un permiso para normalizar la violencia. La amenaza de asesinato a quien no pague no solo inhibe denuncias, reordena la economía local, castiga la pobreza y premia la opacidad. Es, además, una política de exclusión, pagar para existir, salir para sobrevivir.
Los datos oficiales ayudan a dimensionar por qué estas prácticas encuentran terreno fértil. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2022), Chiapas registró un aproximado de 72.2 por ciento de su población en pobreza y 28.2 por ciento en pobreza extrema, condiciones que amplifican la vulnerabilidad ante la extorsión. A escala nacional, laEncuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2023) estimó 27.4 millones de delitos en 2022 y una “cifra negra” de 92.9 por ciento de ilícitos no denunciados o sin carpeta de investigación.
Lo urgente no es solo negar la “orden” inexistente, es restituir la autoridad pública, proteger a quienes se niegan a pagar y cortar los incentivos que financian a los grupos de presión. Eso implica tres movimientos inmediatos,investigación penal por extorsión y amenazas con medidas de protección, verificación agraria para deslindar al Registro Agrario Nacional (RAN) de cualquier uso indebido de su nombre y presencia institucional sostenida con rutas de denuncia seguras.
