Este marco legal busca garantizar decisiones conscientes en la etapa final de la vida, al priorizar el respeto a la libre elección
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La propuesta de Voluntad Anticipada abrió un nuevo debate en el Congreso de Chiapas sobre el derecho a decidir en la etapa final de la vida. La diputada Getsemaní Moreno Martínez planteó que las personas puedan rechazar tratamientos médicos que prolonguen de manera artificial la existencia en casos de enfermedades terminales. El presidente del Congreso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, respaldó la iniciativa al aclarar que no se trata de eutanasia, sino de respetar la dignidad humana en el proceso natural de fallecimiento.
El planteamiento responde a un vacío legal que ha generado dilemas éticos en hospitales y familias. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la comarca más de cuatro mil 500 personas fallecen cada año por enfermedades crónicas como cáncer o insuficiencia renal, muchas de ellas tras semanas conectadas a soportes vitales. La propuesta busca que cada ciudadano pueda decidir, con anticipación y mediante un documento notarial, si desea evitar estos procedimientos médicos invasivos.
Avendaño Bermúdez subrayó que la iniciativa no pretende reemplazar los protocolos de emergencia, sino aplicarse cuando un dictamen médico certifique que no existe posibilidad de recuperación. Según la Secretaría de Salud, el 65 por ciento de los pacientes en cuidados intensivos con diagnóstico terminal no logra superar más de un mes de hospitalización, lo que evidencia la carga física, emocional y económica que enfrentan familias enteras.
La diferencia clave con la eutanasia radica en el carácter pasivo de la Voluntad Anticipada. Mientras la primera implica provocar la muerte, esta reforma busca dejar que el curso natural de la enfermedad avance sin obstaculizarlo con medidas desproporcionadas. La Comisión Nacional de Bioética ha documentado que el 72 por ciento de los mexicanos apoya tener la libertad de rechazar tratamientos invasivos en la fase terminal.
De aprobarse, la entidad se sumaría a otras entidades como Ciudad de México y Aguascalientes, que ya cuentan con leyes similares. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que el 48 por ciento de los hogares en la comarca enfrentan gastos catastróficos cuando un miembro requiere hospitalización prolongada, lo que convierte a la propuesta no solo en un tema de derechos humanos, sino también de justicia social.
