Sin reformas legales y sanciones ejemplares, esta práctica seguirá limitando a mujeres a ejercer plenamente sus cargos
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, la violencia política en razón de género sigue siendo una de las principales barreras para que las mujeres ejerzan sus cargos de representación popular de manera libre y segura. Desde 2020, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ha recibido 141 expedientes relacionados con violencia política, en su mayoría cometidos en el ámbito municipal, donde las sindicaturas y regidurías son los espacios más afectados.
La consejera presidenta provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, reconoció que el aumento en las denuncias refleja un problema de fondo que no ha sido atendido con la seriedad necesaria.
“Hemos estado resolviendo más asuntos de violencia política y han ido incrementando los casos (…). Oficialmente en enero de este año presentamos una propuesta de reformas a la ley de instituciones e incluimos el tema de violencia política, pero no ha sido tomado al menos para análisis”, señaló.
El organismo electoral ha insistido en que la prevención y la sanción son ejes urgentes, pero mientras el marco normativo estatal no se actualice, las posibilidades de detener la violencia política en razón de género seguirán siendo limitadas.
ROSTROS INVISIBLES DE LA VIOLENCIA
De acuerdo con los registros del IEPC, la violencia política no siempre se expresa en agresiones físicas, sino en formas de exclusión, hostigamiento, acoso, obstaculización del desempeño e incluso intentos de destitución ilegítima. La mayoría de los casos provienen de presidencias municipales en contra de síndicas y regidoras, quienes, pese a haber sido electas por voto popular, enfrentan prácticas que buscan silenciar su voz y limitar su participación.
La consejera Vila Domínguez lo expone con claridad. “Tenemos 141 expedientes desde el 2020 desde que se creó este sistema normativo de violencia política y lamentablemente ha ido al alza. (…) Una no están solas, y otra de que las sanciones pueden ser más ejemplares y llevar a una inhabilitación. Estas tres vías que se tienen la electoral, la jurisdiccional y la penal tienen que ser más funcionales y más óptimas”.
Esto significa que las mujeres que denuncian pueden recurrir al IEPC, a tribunales electorales o a la vía penal, pero en la práctica los procesos suelen ser lentos, poco claros y con sanciones que no disuaden a los agresores.
LA URGENCIA DE UNA REFORMA
En enero de este año, el IEPC presentó al Congreso local una propuesta de reformas para fortalecer el marco legal. El planteamiento incluye modificaciones a la Constitución de Chiapas, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el fin de garantizar sanciones más severas, desde multas económicas hasta inhabilitaciones de funcionarios reincidentes.
No obstante, hasta el momento, la propuesta no ha sido discutida en el Poder Legislativo. Especialistas señalan que esta omisión representa una forma de resistencia institucional, pues mientras se retrasa la actualización de la norma, continúan multiplicándose los casos en los municipios.
CONTEXTO NACIONAL Y CIFRAS ALARMANTES
El caso de Chiapas se enmarca en un panorama nacional complejo. Según cifras del INE y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), México se ha consolidado como uno de los países de América Latina con más registros de violencia política contra mujeres, sobre todo en periodos electorales.
En Chiapas, el crecimiento de los expedientes refleja tanto un mayor acceso a la denuncia como una mayor persistencia del problema.
EL ÁMBITO MUNICIPAL, EL MÁS RIESGOSO
Son las autoridades ejecutivas locales quienes ejercen con mayor frecuencia conductas de violencia política contra sus propias compañeras de cabildo. El poder municipal, en muchos casos, sigue siendo un espacio profundamente masculinizado, donde las mujeres electas enfrentan obstáculos para participar en la toma de decisiones.
