Órdenes de aprehensión serán canceladas en territorios específicos, acompañadas de medidas de prevención y vigilancia
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El Gobierno de Chiapas impulsa la Ley de Amnistía con el objetivo de perdonar a personas que, bajo contextos de violencia y vulnerabilidad, participaron en actos delictivos. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los últimos cinco años se han registrado más de cuatro mil 200 detenciones relacionadas con delitos menores en regiones afectadas por violencia, lo que reflejó la magnitud del fenómeno que busca atender esta iniciativa.
La medida, explicó el coordinador de asesores del Gobierno estatal, Juan Carlos Gómez Aranda, no reducirá la vigilancia ni la garantía de justicia. En la comarca, el 62 por ciento de los municipios con altos índices de pobreza han sido también los más afectados por la infiltración de grupos delictivos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), lo que evidenció la relación entre condiciones socioeconómicas y la participación forzada en actividades ilícitas.
La ley se dirige en especial a quienes fueron reclutados por estas circunstancias, muchas veces en comunidades marginadas donde la pobreza y la falta de oportunidades los colocaron en riesgo. Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostraron que el 45 por ciento de las personas detenidas por delitos menores en la entidad provienen de localidades con carencias de servicios básicos, lo que reforzó la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva social y de reconciliación.
Gómez Aranda señaló que esta iniciativa podría tener referencias históricas con los eventos del movimiento armado de 1994, aunque las condiciones actuales son distintas. La Ley de Amnistía busca restituir el tejido social sin contravenir la ley y garantizar la seguridad de las comunidades. Según cifras de la Procuraduría General de Justicia local, el 18 por ciento de las órdenes de aprehensión corresponde a delitos cometidos en contextos de violencia local o coerción.
El proceso contempló la cancelación de órdenes de aprehensión en territorios afectados por violencia, en un esfuerzo por reconstruir la paz y la convivencia. La propuesta está en análisis cuidadoso y su aplicación se espera que contribuya a reducir la reincidencia delictiva. Datos del Observatorio Nacional Ciudadano indicaron que, en regiones con intervención de programas de reinserción social, la reincidencia ha disminuido hasta un 23 por ciento, un referente que podría guiar la implementación de la ley en el estado.
