Hoteleros y restauranteros denunciaron clausuras y amenazas que afectan empleos y la actividad económica en comunidades rurales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El sector turístico y empresarial de Chiapas lanzó un llamado urgente ante presuntas acciones arbitrarias de un funcionario de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acusado de imponer multas desproporcionadas que van de 400 mil hasta un millón de pesos. Hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios sostuvieron que estas medidas afectan a miles de empleos en comunidades rurales y costeras, mientras el funcionario mantiene un comportamiento amenazante.
Según el boletín difundido por los prestadores de servicios, Jorge Enrique Zapata Nieto, encargado del despacho en Chiapas, ha clausurado de manera indiscriminada empresas legales, incluyendo plantas extractoras de palma de aceite, lo que ha generado pérdidas económicas significativas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el sector turístico en la entidad aporta el 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto estatal y sostiene más de 120 mil empleos directos, muchos de ellos vulnerables ante sanciones arbitrarias.
Los denunciantes afirmaron que el funcionario utiliza las multas como mecanismo de presión para obtener beneficios personales. Esto, argumentaron, viola derechos fundamentales y distorsiona el ejercicio del poder público. Según la Secretaría de Turismo estatal, en los últimos cinco años se han registrado más de mil 200 denuncias formales por abuso de autoridad en el sector productivo, lo que evidenció un patrón que preocupa a empresarios y ciudadanos.
La controversia se intensificó ante la reciente amenaza de actuar contra el sector turístico de Puerto Arista, donde se teme que la regularización se convierta en un pretexto para clausuras masivas. Datos de la Secretaría de Economía indicaron que el 72 por ciento de las pequeñas y medianas empresas turísticas del estado operan con márgenes económicos limitados, por lo que multas elevadas representan riesgos graves para su supervivencia y para el empleo local.
Por ello, el sector solicitó a la titular nacional de Profepa que sancione cualquier abuso. La percepción de arbitrariedad tiene consecuencias tangibles, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 41 por ciento de los trabajadores en la comarca depende de empleos vinculados a sectores productivos locales, lo que convierte cada sanción excesiva en una amenaza directa al desarrollo económico y social de la región.
