Automovilistas denunciaron agresiones y exigieron la intervención de autoridades
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La carretera que conecta San Cristóbal de Las Casas con San Andrés Larráinzar se ha convertido en escenario de conflictos recurrentes debido a la imposición de cobros por el paso de vehículos. Habitantes de Monte Bonito y Macvilhó colocaron lazos exigiendo 50 pesos por unidad, bajo el argumento de que realizaban labores de mantenimiento, aunque testigos afirmaron que solo simulaban cortar maleza. Esta práctica, denunciada por automovilistas, reflejó un patrón que se repite durante eventos masivos en la región.
Los conductores denunciaron agresiones verbales cuando se negaron a pagar. Según datos de la Secretaría de Movilidad de Chiapas, más de 12 mil vehículos circulan al mes por esta vía, lo que evidenció que las comunidades podrían generar ingresos significativos con este tipo de cobros informales. La percepción de inseguridad y arbitrariedad aumenta cada vez que se celebran peregrinaciones o eventos religiosos de gran afluencia.
La situación no es nueva, el año pasado, durante los funerales del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, se registraron cobros similares, con actitudes hostiles hacia quienes se negaban a pagar. Estadísticas del Observatorio Nacional de Movilidad indicaron que 18 por ciento de los corredores rurales en Chiapas presentan conflictos por cobros no autorizados, esto afecta a miles de automovilistas al año. Este patrón reflejó la necesidad de supervisión y de mecanismos legales claros para proteger a los usuarios de la vía.
El impacto económico de estos cobros es significativo, estimaciones de la Secretaría de Finanzas sugirieron que en un solo día con alta afluencia podrían recaudarse hasta 25 mil pesos, como ocurrió este lunes con más de 500 vehículos que transitaron por la zona. Sin embargo, esta práctica informal genera tensiones, riesgos de confrontación y deteriora la confianza en la seguridad vial, lo que afecta tanto a residentes como a visitantes.
Expertos en desarrollo regional advirtieron que la imposición de tarifas informales contribuye a un círculo de dependencia económica y conflictividad en comunidades rurales. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalaron que el 42 por ciento de los habitantes en municipios serranos de Chiapas vive en condiciones de pobreza moderada o extrema, lo que explica en parte la recurrencia de estos cobros, aunque no justifica la afectación a terceros. Las autoridades locales enfrentan el desafío de equilibrar desarrollo comunitario y seguridad en corredores estratégicos de la región.
