Organizaciones civiles alertaron sobre el avance de grupos armados y falta de respuesta institucional
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En San Cristóbal de Las Casas, el Día de Muertos volvió a tener un significado distinto para los pueblos que resisten, recordar a los muertos zapatistas es también recordar una vida sembrada en la lucha. En la Plaza de la Paz, organizaciones y personas de distintas partes del país y del mundo se reunieron para denunciar lo que llamaron una “guerra contrainsurgente” contra las comunidades autónomas. A 31 años del levantamiento armado de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) enfrenta un nuevo escenario de despojo, criminalización y hostigamiento institucional.
El pronunciamiento “Por la Vida y el Común” fue leído como una exigencia colectiva para detener la entrega de documentos de propiedad sobre tierras recuperadas por el movimiento desde 1994, en el poblado Belén. Las y los firmantes acusaron que detrás de estas acciones están los tres órdenes de Gobierno, junto al ejército, la Guardia Nacional y las corporaciones policiacas, en un intento por debilitar los procesos de autonomía que desde hace tres décadas se construyen en los territorios chiapanecos.
El discurso zapatista, centrado en la idea de El Común, apostó por una alternativa pacífica de vida compartida entre pueblos, basada en la reciprocidad y la defensa de la tierra. Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la comarca cuenta con más de tres mil comunidades indígenas que mantienen prácticas comunitarias similares, mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reportó que el 75 por ciento de la población indígena del estado vive en pobreza. Para el movimiento, esas cifras son la evidencia de que el modelo capitalista y extractivista ha fallado.
Las denuncias sobre despojo agrario en la entidad han aumentado en los últimos años. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2020 y 2024 se recibieron más de 430 quejas relacionadas con desplazamientos forzados y conflictos territoriales en la entidad. En paralelo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos documentó al menos 57 ataques armados en zonas rurales chiapanecas durante el mismo periodo.
El EZLN y las organizaciones firmantes advirtieron que las acciones de hostigamiento buscan frenar la expansión de su propuesta comunitaria. Mientras tanto, los pueblos zapatistas continúan resistiendo entre la dignidad y la amenaza, en una tierra donde la vida colectiva sigue siendo un acto de rebeldía.
