Pese al nuevo inmueble y los discursos oficiales, las prácticas abusivas continúan dentro de la institución
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La inauguración del nuevo edificio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula se presentó como un símbolo de modernización institucional, pero para la comunidad migrante ha significado poco. Las denuncias por cobros indebidos, maltrato y exclusión siguen acumulándose, lo que reforzó la percepción de que, aun dentro de instalaciones renovadas, persiste un sistema donde el acceso al refugio depende más del dinero que de la necesidad real de protección.
Las cifras oficiales reflejaron la presión que enfrenta el sistema, en 2021 México recibió más de 130 mil solicitudes de refugio, el número más alto desde que existen registros; en 2022 fueron más de 118 mil, y en 2023 superaron las 100 mil peticiones. Aunque el flujo varía, la constante es que Tapachula concentró cerca del 65 por ciento de todos los trámites, convirtiéndose en un punto crítico donde la saturación abre espacio para prácticas discrecionales y corrupción.
En ese contexto, la denuncia de un migrante que fue empujado y expulsado del inmueble por presentar una copia de su constancia dañada evidenció la fragilidad del proceso. La pérdida de la firma no es un detalle menor, significa reiniciar trámites, enfrentar meses adicionales de espera y, en muchos casos, quedar expuesto a detenciones o deportaciones arbitrarias.
Organizaciones de acompañamiento han documentado desde hace años que empleados y enlaces externos ofrecen “agilizar trámites” a cambio de pagos, un fenómeno que se normaliza ante la desesperación. Aun cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha invertido en programas de asistencia e integración, los migrantes insisten en que la puerta de entrada es donde más violaciones ocurren. El contraste entre discurso institucional y prácticas reales alimenta la desconfianza.
El nuevo edificio no ha sido suficiente para romper con viejas dinámicas. Si la corrupción dicta quién accede al refugio y quién queda fuera, el sistema deja de ser una herramienta humanitaria y se convierte en un filtro económico. Para una ciudad como Tapachula, acostumbrada a recibir miles de personas en tránsito, esta situación exige respuestas inmediatas, supervisión, sanciones y un modelo que garantice que ningún derecho se venda y ninguna protección se negocie.
