El sector formal afirmó que la instalación anual de ambulantes en el parque Benito Juárez vulnera su economía
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El conflicto por el control del parque Benito Juárez volvió a generar tensión en la relación entre comerciantes establecidos y líderes del ambulantaje en Tapachula, pero ahora empresarios locales amenazaron con suspender el pago de impuestos si la autoridad continúa permitiendo la instalación masiva de vendedores irregulares. Afirmaron que sustentan un sistema que los deja cada vez más vulnerables frente a una competencia que crece sin regulación ni equidad.
La molestia estalló después de reuniones fallidas y presuntos acuerdos entre ambulantes, sindicatos y funcionarios municipales, donde surgieron acusaciones de corrupción contra servidores públicos cercanos al alcalde. Los comerciantes formales insistieron en que la permisividad institucional ignora que Chiapas tiene una tasa de informalidad del 70.9 por ciento, una de las más altas del país, esta cifra, dicen, debería ser suficiente para frenar la ocupación desordenada de espacios públicos en la ciudad.
Según los empresarios, la saturación del ambulantaje provoca caídas de entre 20 y 40 por ciento en ventas durante temporadas clave, mientras los vendedores informales argumentaron que instalarse es la única vía para generar ingresos. Esta disputa ocurre en un contexto nacional donde 32.6 millones de personas trabajan en la informalidad, y en la comarca el comercio representó el 35.7 por ciento de esa economía irregular.
El conflicto también destapó cuestionamientos sobre la transparencia municipal, ello luego de que líderes de diversos sindicatos aseguraron que funcionarios manipulan decisiones para favorecer a grupos específicos, mientras acusan a representantes del comercio establecido de mantener espacios en vía pública desde hace años sin regulación real. Ambas partes reclamaron congruencia, pero señalaron al ayuntamiento como responsable de incentivar una competencia desequilibrada que agrava la crisis.
En medio de esta tensión, los empresarios insistieron en que dejarán de pagar impuestos si no se aplican reglas claras y equitativas, una amenaza seria para la hacienda municipal en un estado donde el 84.3 por ciento de las viviendas reportó acceso a servicios cercanos, pero depende de una base tributaria frágil. Para el sector formal, sostener un Gobierno que permite el crecimiento desbordado de la informalidad es insostenible, para ambulantes, impedir su instalación es una condena económica inmediata.
