La posible llegada de otra embotelladora genera preocupación por riesgos ambientales y falta de beneficios locales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Luego de que aparecieran lonas en puentes peatonales durante la madrugada, habitantes de las riberas de Chiapa de Corzo encendieron alertas ante la posible instalación de una nueva empresa refresquera, en un contexto marcado por desconfianza hacia este tipo de industrias. La reacción social surge de una experiencia que ha dejado impactos ambientales visibles en la zona.
A partir de antecedentes con embotelladoras ya establecidas, integrantes del comité de agua potable afirmaron que la actividad industrial ha deteriorado el río Santo Domingo, cuyo uso recreativo y doméstico ha desaparecido. De acuerdo con estimaciones comunitarias, la calidad del agua ha disminuido hasta en 60 por ciento en la última década, lo que ha modificado hábitos y limitado el acceso a este recurso.
Bajo esta presión ambiental, la discusión trascendió lo ecológico y se instaló en el terreno económico, dado que la promesa de empleo no ha logrado compensar los efectos negativos en la región. Según datos del sector local, menos del 10 por ciento de los puestos generados por estas industrias corresponde a personal de la zona, mientras que los cargos de mayor nivel continúan siendo ocupados por personal externo.
En paralelo, especialistas en gestión hídrica advirtieron que la operación de plantas embotelladoras implica una alta demanda de agua, con consumos que pueden superar los 2.5 litros por cada litro de bebida producida, lo que intensificó la presión sobre los mantos acuíferos. A ello se sumó que, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua, la región ya presenta signos de estrés hídrico en ciertas temporadas del año.
Frente a este panorama, la posible llegada de una nueva empresa no solo genera inquietud, también cuestiona el modelo de desarrollo que se impulsa en la zona, puesto que habitantes puntualizaron que la expansión de estas industrias podría agravar problemas de salud y acceso al agua. Bajo este escenario, la exigencia social apuntó a frenar la instalación hasta contar con garantías ambientales y beneficios reales para la población.
