Las acusaciones apuntaron a posibles malversaciones en la asignación de proyectos, lo que pondría en riesgo la calidad de la infraestructura
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Cacahoatán, el señalamiento de constructores sobre presuntos diezmos de hasta 30 por ciento en la asignación de obra pública puso bajo presión el manejo de los recursos municipales y cuestionó la forma en que se adjudican los proyectos. La denuncia exhibió a un esquema que, de confirmarse, encarecería las obras y reduciría su calidad, lo que termina por afectar las condiciones de vida de la población.
De sostenerse estas prácticas, el problema trasciende lo administrativo, dado que limita la capacidad de ejecutar infraestructura con estándares adecuados en un municipio donde el 68.8 por ciento de la población enfrenta rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La reducción real del presupuesto disponible para obra implicaría menos cobertura en servicios básicos y mayor atraso en comunidades que ya presentan carencias estructurales.
El volumen de recursos asignados para este año incrementó la preocupación, al considerar que Cacahoatán cuenta con más de 214 millones de pesos provenientes de fondos federales destinados a desarrollo social y fortalecimiento municipal. Sin embargo, la percepción de opacidad creció en un contexto donde el 59.1 por ciento de la población en Chiapas identifica la corrupción como un problema frecuente en gobiernos locales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
La posible intervención de empresas externas bajo condiciones irregulares añadió presión al sector local, al generar desventajas para quienes buscan competir en un entorno más transparente. Esta situación adquirió mayor relevancia si se tomó en cuenta que la construcción representó alrededor del 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, lo que la posiciona como una actividad clave para el desarrollo económico.
El descontento social comenzó a escalar ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades municipales, sobre todo en zonas donde las obras siguen sin concretarse pese a la disponibilidad de recursos. La exigencia de claridad es con la finalidad de garantizar que el dinero público se traduzca en infraestructura funcional y no en prácticas que debiliten la confianza ciudadana.
