Mujeres jóvenes enfrentan mayores barreras educativas y laborales, lo que agrava ciclos de desigualdad
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, el analfabetismo sigue siendo un problema crítico que trasciende generaciones. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 14 por ciento de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, lo que representa cerca de medio millón de personas. La mitad de esta cifra corresponde a adultos mayores de 75 años, una realidad que refleja rezagos históricos en la educación estatal. Aunque los esfuerzos recientes buscan cerrar estas brechas; sus implicaciones afectan de forma profunda el presente.
Entre los grupos más afectados están las mujeres jóvenes en edad productiva, quienes no solo enfrentan barreras educativas, sino también obstáculos para acceder a trabajos bien pagados. Este panorama afecta tanto a las familias como al desarrollo económico del estado. La falta de acceso a oportunidades educativas no es solo un problema individual, sino un freno estructural para el crecimiento de Chiapas en su conjunto.
Con un promedio estatal de escolaridad de apenas 7.9 años y una tasa de analfabetismo que supera el promedio nacional, el estado enfrenta una tarea monumental. Esta situación no solo evidencia la carencia de políticas educativas efectivas en el pasado, sino también la necesidad urgente de redirigir esfuerzos hacia soluciones innovadoras. Combatir el analfabetismo no es solo enseñar a leer y escribir; es reconstruir la infraestructura educativa y social que permita sostener el cambio.
El 2025 se perfila como un año clave en la lucha contra esta problemática. Las autoridades han prometido un enfoque estratégico basado en investigación y diagnóstico, lo cual resulta indispensable para abordar las múltiples aristas del problema. Sin embargo, para que estas estrategias sean efectivas, se requerirá una participación activa de las comunidades y un compromiso político que trascienda administraciones.
Erradicar el analfabetismo en la entidad es más que una meta educativa; es una apuesta por la dignidad y el futuro del estado. Solo a través de un esfuerzo coordinado entre sociedad y Gobierno será posible transformar esta realidad y garantizar que las próximas generaciones crezcan en un entorno donde la educación sea un derecho efectivo, no solo una promesa.
