Al ser un proceso completamente nuevo no existen reglas claras que regulen los gastos de candidatos ni injerencia de recursos ilegales
PORTAVOZ/AGENCIAS
La fiscalización de las personas aspirantes a ocupar un cargo de elección popular del Poder Judicial será una de los mayores retos y más complejos a los que se deberá enfrentar el Instituto Nacional Electoral (INE), dado que al ser un proceso completamente nuevo no existen reglas claras que regulen los gastos de los candidatos ni mucho menos filtros que impidan la injerencia de posibles recursos ilegales, señalaron expertos.
Arturo Espinosa Silis, abogado y consultor en temas electorales, alertó que la fiscalización de la elección judicial podrá a prueba al INE, puesto que en las elecciones ordinarias, son los partidos quienes se encargan de concentrar la información sobre los gastos de sus candidatos, para luego informar a este instituto.
No obstante, tras la reforma judicial, será el INE quien directamente deba recabar la información y fiscalizar, para lo cual, dijo, deberá tener un sistema y estructura que aguante que más de cinco mil personas le estén reportando cosas todos los días.
A ello, también se tendrá que enfrentar a nuevos lineamientos para definir qué sí es o no un gasto de campaña, dado que la Constitución establece que estos candidatos no pueden recibir financiamiento público ni financiamiento privado.
“No está regulado, entonces el INE tendrá que definir y señalar cómo se va a regular todo eso, lo cual, me parece algo sumamente complejo realmente los candidatos no están familiarizados con (el reporte de gastos)”.
“Las reglas de fiscalización están puestas para una elección con otra lógica, una de partidos políticos que ellos son los obligados a cumplir con la fiscalización por que ellos reciben financiamiento público (…) aquí no hay eso”, añadió.
En este sentido, Espinosa Silis alertó que se corre el riesgo de que se lleve a cabo una fiscalización muy parecida a todo el proceso judicial “bastante por encima, al ahí se va, bastante descafeinada”.
Aunado a que existe la posibilidad de que haya recursos de intereses ajenos a la de una impartición de justicia imparcial y autónoma, “dinero de empresarios, de grandes contribuyentes y dinero desde luego del crimen organizado de organizaciones criminales” que les interesa tener jueces a favor.
Además de que se podrían ver campañas inequitativas, dadoque “no todos van a gastar lo mismo, no todos van a tener acceso a los mismos recursos, unos van a tener ventajas sobre otros las cuales, puesto que van a ser ventajas desafortunadas”.
El Consejo General del INE votará el acuerdo que establece los lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de la elección judicial.
Dicho acuerdo plantea, entre otras cosas, que “queda prohibida la contratación, por parte de personas candidatas y de los partidos políticos, por sí o por interpósita persona, de personas físicas o morales que realicen y difundan encuestas o sondeos de opinión”.
Asimismo, se advirtió que en el caso de que se identifique que una persona candidata incumpla esta disposición o que alguna persona dé a conocer los resultados de dichos conteos o encuestas antes de que se hayan difundido por un medio de comunicación, se dará vista a las áreas correspondientes para efectos legales.
