La pobreza y el rezago educativo son factores clave que agravan esta problemática
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Chiapas ocupa el octavo lugar a nivel nacional en casos de trata de personas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Este fenómeno afecta a niños y adolescentes, con un aumento preocupante en la explotación sexual, el trabajo forzado y otros crímenes. Aunque las autoridades han tomado medidas, la magnitud del problema sigue siendo alarmante.
La pobreza extrema, el rezago educativo y la alta movilidad de personas a través del estado son factores que agravan la situación. La falta de oportunidades y el aislamiento de muchas comunidades facilitan que los traficantes de personas encuentren víctimas con facilidad. Además, la falta de infraestructura y servicios básicos en algunas zonas limita la capacidad de las autoridades para identificar y proteger a las víctimas.
Desde 2015 hasta 2023, Chiapas ha sido una de las entidades más afectadas por este crimen, donde destacanlos casos de trata de menores. Las niñas y adolescentes son vulnerables, lo que coloca al estado en el sexto lugar a nivel nacional en este tipo de delitos. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para erradicar la trata.
El reciente caso de Lizady “N”, detenida por pertenecer a una red de trata de menores, reflejó la reincidencia de los criminales. Lizady había sido arrestada con anterioridad por delitos similares, lo que puso de manifiesto la falta de sanciones efectivas. Esta situación subraya la necesidad de un sistema de justicia más robusto que logre desarticular estas organizaciones criminales.
La situación de los migrantes en tránsito también es un factor crucial. Muchas víctimas de trata son indocumentadas, que, por miedo a represalias o deportación, no denuncian los abusos. Esto permite que los tratantes operen con impunidad, mientras que las víctimas se ven atrapadas en una red de explotación que parece no tener fin. Es urgente que se implementen políticas de protección más efectivas para este grupo vulnerable.
