Con 390 mil infancias expuestas a violencia, piden reforzar sistemas de resguardo hacia este sector vulnerable
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El alarmante incremento en los casos de violencia que afectan a niños y adolescentes en Chiapas, ha encendido las alertas. En 2023, se registraron 33 asesinatos de menores y ocho feminicidios, cifras que evidenciaron una crisis humanitaria que las autoridades han sido incapaces de detener. Organizaciones como la Red por los Derechos de las Infancias y las Adolescencias en Chiapas (Redias) han alzado la voz exigiendo respuestas inmediatas.
El reciente asesinato de Said, de 13 años, y Ángel, de 20, ocurrido en San Cristóbal de Las Casas, pone en el centro del debate la vulnerabilidad de las comunidades ante la violencia armada. Según Redias, estos crímenes son más que cifras: son tragedias humanas que dejan comunidades sumidas en el miedo y familias devastadas. La exigencia es clara: no más impunidad para quienes cometen estos actos atroces.
Más allá de las investigaciones, Redias subrayó la necesidad de fortalecer los sistemas de protección infantil. Actualmente, un estimado de 390 mil niñas, niños y adolescentes viven en territorios de alto riesgo en la entidad, donde los enfrentamientos armados y los ataques a comunidades han sido constantes. Estos menores enfrentan un panorama desolador, siendo usados como blanco de amenazas y herramientas para generar terror.
La organización también exigió un cambio estructural en la estrategia de seguridad. No basta con atender las consecuencias inmediatas; es indispensable implementar programas educativos y culturales que fomenten la paz y el respeto a los derechos humanos. Según expertos, las políticas públicas deben incluir planes integrales que prevengan el reclutamiento de menores y protejan a quienes se encuentran en zonas dominadas por el crimen organizado.
Con cada vida arrebatada, la región enfrenta un daño irreversible en su tejido social. Los menores afectados no solo representan el presente, sino también el futuro de la región. Si no se actúa con urgencia para garantizar su protección, las cifras seguirán creciendo, y con ellas, la deuda histórica de un estado que no supo defender a sus niños.
