Casos de abuso policial, desapariciones y desplazamiento forzado quedaron archivados sin respuesta en la administración pasada
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El rezago en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) es alarmante. Con 10 mil expedientes sin atender, el nuevo titular, Horacio Culebro Borrayas, heredó un organismo paralizado, con denuncias estancadas desde hace más de una década. La falta de acción en el sexenio pasado dejó en el abandono casos de desaparición, desplazamiento forzado y abuso policial, mientras cientos de víctimas esperaban justicia.
Desde su llegada en enero, Culebro ha intentado reactivar la CEDH con la emisión de cuatro recomendaciones y la resolución de 100 quejas. Sin embargo, reconoció que el camino es largo y prevé atender al menos mil expedientes este año. Municipios como Jaltenango han sido foco de abusos, lo que ha obligado a la intervención de la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía del Estado (FGE) para frenar agresiones por parte de policías municipales.
El impacto de este rezago se refleja en diversos sectores vulnerables. Migrantes en Tapachula han denunciado que los recursos destinados a su protección no se tradujeron en apoyo real. Personas con discapacidad han sido marginadas de la educación y la vida política. La comunidad LGBTTIQ+ sigue vigilante ante la falta de garantías para sus derechos. Las omisiones de la CEDH no solo dejaron injusticias sin resolver, sino que perpetuaron la discriminación y la impunidad.
Uno de los ejemplos más contundentes es el de una conductora que sufrió un accidente en 2015 y cuyo caso fue ignorado hasta enero de este año. La inacción de la administración anterior demuestra que el organismo no solo dejó de operar en favor de la ciudadanía, sino que se convirtió en un archivo de promesas incumplidas.
La expectativa es alta y la presión aumenta. La deuda histórica de la CEDH con la sociedad chiapaneca es inmensa, y la confianza en la nueva administración dependerá de su capacidad para revertir años de abandono. Más que cifras y promesas, lo que se necesita es acción real para garantizar que los derechos humanos en Chiapas no sigan siendo letra muerta.
