La expansión de viviendas amenaza reservas naturales. Sin control, el uso de suelo podría generar daños irreversibles
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
San Fernando enfrenta un dilema urgente: su crecimiento urbano avanza sobre terrenos que deberían permanecer intactos. La propuesta del Programa Municipal de Desarrollo Urbano expone cómo la necesidad de vivienda y servicios empuja los límites de la urbanización, muchas veces sin regulación clara, mientras que la protección del entorno natural se vuelve cada vez más difícil de garantizar.
Desde 2024, más de 178 hectáreas que no estaban destinadas a urbanización han sido ocupadas, mediante la regularización de tierras ejidales y asentamientos irregulares. Este fenómeno es evidente en San Antonio, El Canelo y las ampliaciones de Vicente Guerrero y Viva Cárdenas. Aunque existen 166 hectáreas disponibles para expansión, se ubican dentro de un Área Natural Protegida, lo que coloca al municipio en una encrucijada legal y ambiental.
Las leyes agrarias permiten a los ejidos definir zonas urbanas, pero imponen condiciones técnicas y ecológicas que no siempre se cumplen. La presión por expandirse hacia la Carretera Federal 190, en comunidades como Viva Allende y Viva Cárdenas, refuerza la preocupación de que la urbanización descontrolada genere conflictos sociales y daños ambientales irreversibles. Sin medidas claras, el crecimiento podría convertirse en una carga difícil de revertir.
El programa municipal advirtió que el problema no es solo la ocupación de nuevas tierras, sino la falta de coordinación entre ejidatarios, autoridades y organismos ambientales. Se propuso impulsar modelos de desarrollo compacto dentro de las áreas ya urbanizadas antes de expandirse hacia zonas ecológicas. Además, sugirió regularizar los asentamientos actuales bajo criterios sustentables, para evitar la fragmentación de ecosistemas clave para la región.
San Fernando debe decidir si apuesta por un crecimiento ordenado o si deja que la expansión sin control imponga sus propias reglas. La urgencia de vivienda no puede ignorarse, pero tampoco puede justificar la degradación del territorio. El desafío no está solo en establecer normas, sino en hacerlas cumplir antes de que las decisiones de hoy definan un futuro sin retorno.
