Organizaciones internacionales exigieron la revisión del caso de Pedro Cortés y Diego Mendoza, inculpados por la desaparición de 19 personas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La condena de 110 años de prisión contra Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, exautoridades del concejo municipal de Pantelhó, ha desatado una ola de protestas. Organizaciones de 14 países y más de 200 personas han pedido revisar el caso, al señalar irregularidades en el proceso y cuestionar la imparcialidad del fallo.
El juicio ha sido marcado por tensiones políticas y la violencia en la región. Los defensores de los acusados sostienen que no existen pruebas sólidas que los vinculen con la desaparición de 19 personas en 2021. Además, vinculan el caso con el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, quien también había sido señalado en la misma investigación antes de su muerte.
Ante la gravedad del caso, los colectivos han llevado la denuncia a instancias internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han sido notificadas sobre la posible vulneración de derechos humanos, al destacar el riesgo de criminalización de líderes indígenas en Chiapas. La intervención de organismos externos podría ser clave en la revisión del proceso judicial.
El contexto de violencia en Pantelhó ha complicado aún más el escenario. El conflicto entre el grupo de autodefensas “El Machete” y el crimen organizado de “Los Herrera” ha generado un clima de inseguridad e impunidad. En este entorno, los familiares de los acusados insistieron en que su sentencia responde más a presiones políticas que a evidencias reales.
Las organizaciones exigieron a autoridades estatales garantizar un proceso justo y transparente. También han solicitado a Gobierno federal esclarecer el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y evitar que la justicia se use como un instrumento de represión contra las comunidades indígenas. La presión internacional sigue en aumento, y el caso podría convertirse en un referente sobre la criminalización de líderes comunitarios en México.
