Maquinaria pesada trabaja a plena luz del día sin supervisión. Ríos de la Costa-Soconusco
enfrentan un deterioro ambiental alarmante
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Mientras las riberas de los ríos en la Costa-Soconusco se erosionan, más de la mitad de las
empresas dedicadas a la extracción de piedra, grava y arena continúan en operación sin
ser reguladas. En Chiapas, la extracción de material pétreo no solo representa una
actividad económica en expansión, sino un vacío institucional evidente: ni la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) han ejercido el control que marca la ley. Lo que debería estar sujeto a permisos,
estudios de impacto ambiental y límites técnicos, se ha convertido en un negocio a cielo
abierto sin consecuencias.
En municipios como Tapachula, Huixtla y Mapastepec, el paisaje ya no solo es natural, sino
industrializado por maquinaria pesada que trabaja sin descanso, los cuales saquean los
cauces fluviales con total impunidad. Las imágenes de trituradoras y camiones que
acarrean material no son esporádicas: son parte del paisaje cotidiano, tolerado por
autoridades locales y federales que, por omisión o complicidad, permiten su permanencia.
Según estimaciones de especialistas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el
60 por ciento de las empresas dedicadas a esta actividad en el estado no tienen permiso
alguno para operar. Esta cifra no es menor: implica que más de la mitad de los actores
involucrados ni siquiera cumplen con el requisito básico de estar registrados ante la
autoridad ambiental. Además, el otorgamiento de autorizaciones, no garantiza un control
efectivo, puesto que muchas veces se entregan sin los estudios adecuados o sin
seguimiento técnico posterior.
La crisis no solo es legal, también es ecológica. La sobreexplotación sin control altera el
cauce de los ríos, modifica el equilibrio de los ecosistemas ribereños y contribuye al
deterioro ambiental que ya afecta a la región. Sin una regulación efectiva, la extracción
clandestina avanzará hasta agotar los recursos, esto dejaría atrás terrenos desérticos y
comunidades vulnerables a inundaciones o pérdida de suelo fértil.
Organizaciones civiles y académicas han urgido a la intervención inmediata de las
autoridades ambientales, no solo para frenar el saqueo, sino para revisar el modelo actual
de regulación. Chiapas no solo enfrenta un delito ambiental masivo; también enfrenta el
colapso institucional de los organismos responsables de proteger sus recursos naturales.
La omisión ya no es una falta administrativa: es corresponsabilidad en un daño que podría
ser irreversible.
