Denuncian que la falta de energía afecta el derecho a la educación de miles de niñas y niños en la región fronteriza
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En la franja fronteriza de Chiapas, donde las necesidades educativas suelen quedar al margen del discurso oficial, padres de familia lanzaron un ultimátum que podría escalar en protesta. El hartazgo no responde a una exigencia nueva, sino a una cadena de omisiones: 32 escuelas en municipios como Suchiate, Frontera Hidalgo y Tuxtla Chico han comenzado a quedarse sin electricidad. El problema tiene nombre, deudas heredadas de una administración que dejó de pagar lo que debía.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro a instituciones que dependen del Estado, no de los padres, no de los niños. Sin embargo, quienes hoy enfrentan las consecuencias son las comunidades escolares. Salones sin ventilación, clases suspendidas y laboratorios inutilizados son el precio por una negligencia ajena. En la región, la educación pública se encuentra entre las primeras víctimas del abandono administrativo.
El representante de los comités escolares, Javier Ovilla, no solo exigió una solución inmediata, pidió también responsabilidad institucional. La deuda asciende a 3.5 millones de pesos, y aunque la cantidad es conocida, no hay una estrategia clara para saldarla ni evitar que la crisis crezca. Los padres, por su parte, ya no pueden financiar con colectas los recibos mensuales.
Lo que comenzó como un reclamo podría transformarse en presión directa. El puente fronterizo Suchiate II está en la mira como punto de bloqueo si la Secretaría de Educación y la CFE no se sientan a dialogar. Las comunidades propusieron mesas de trabajo, pero también saben que la indiferencia institucional a menudo se rompe con acciones visibles. En esta región, el derecho a la educación se defiende a fuerza de presencia colectiva.
La electricidad en las escuelas no es un lujo: es condición mínima para que el aprendizaje suceda. Negarla, por omisión o castigo, es violentar un derecho. Si las autoridades no escuchan a tiempo, los municipios fronterizos demostrarán, una vez más, que la frontera no es un límite para la organización social cuando se trata del futuro de sus hijos.
