Señalaron al subsecretario de Sanciones Penales por intentar desacreditar a Patricia Aracil mediante actos de difamación
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En un estado donde el sistema penitenciario ha sido señalado por rezagos estructurales y violencia de género institucionalizada, la campaña de difamación contra la Colectiva Cereza y su coordinadora Patricia Aracil reveló una estrategia deliberada de desgaste. Las acusaciones emitidas por el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales no solo intentan desacreditar su labor, sino que también exponen cómo se criminaliza a quienes defienden los derechos de mujeres presas en la región.
La Colectiva Cereza acompaña casos en donde el Estado ha fallado de manera sistemática. En Chiapas, el 15.4 por ciento de la población penitenciaria femenina se identifica como indígena, un dato que refleja el abandono interseccional en los centros de reclusión. A nivel nacional, las mujeres representan apenas el 5.66 por ciento de la población penitenciaria, lo que a menudo invisibiliza sus necesidades y derechos. En las cárceles chiapanecas, las defensoras suplen funciones básicas que el sistema no garantiza.
Judicializar a una defensora no es un acto administrativo más, es una forma encubierta de violencia institucional. Solo en el primer semestre de 2023, la organización Artículo 19 registró 272 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, muchas desde el poder público. En este mismo periodo, la comarca figuró entre los estados con mayor número de agresiones contra mujeres defensoras. La hostilidad hacia Patricia Aracil tiene un contexto estructural, no es un incidente aislado.
Según la Secretaría de Gobernación, al menos 22 personas defensoras fueron asesinadas en México en 2022. Esta cifra confirma que el activismo por los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo, en especial si se desafían estructuras de impunidad. En lugar de garantizar condiciones para ejercer este trabajo, funcionarios responden con hostigamiento.
Callar a una defensora, es aislar a cientos de mujeres presas que dependen de ese acompañamiento para exigir justicia. En la entidad, donde el aparato institucional ha demostrado su incapacidad para garantizar derechos en prisión, cada acto de difamación desde el poder debe leerse como una amenaza frontal. La Colectiva Cereza exigió que se frene el hostigamiento, se garantice su seguridad y se respete su legítima labor de defensa.
