La propuesta busca homologar la ley estatal con la Ley Federal del Trabajo para garantizar equidad
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Una propuesta para ampliar a 12 meses el límite de salarios caídos en casos de despido injustificado en Chiapas busca homologar la legislación local con la Ley Federal del Trabajo. La iniciativa responde a la necesidad urgente de garantizar justicia laboral efectiva para los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, quienes enfrentan largos procesos legales que afectan su estabilidad económica.
Desde la reforma de 2016, la ley estatal estableció un límite de seis meses para el pago de salarios caídos, pero omitió incluir el pago de intereses si el juicio se prolongaba más allá de ese plazo. Esta omisión, atribuida a una falla técnica, ha dejado desprotegidos a los empleados durante procesos que pueden extenderse años.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal, elaborado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2022), Chiapas reportó más de mil 500 servidores públicos despedidos al año sin resolución inmediata de sus casos. A esto se suma que, según el Instituto Tecnológico Autónomo de México, un juicio laboral burocrático por despido injustificado puede extenderse por más de mil 200 días, sin contar el tiempo de ejecución del laudo.
Además, el Observatorio de Justicia Laboral (2023) advirtió que solo el 18 por ciento de los trabajadores chiapanecos despedidos recibió una compensación que cubre al menos la mitad del tiempo real de espera. Este panorama reforzó la crítica a un sistema que, lejos de garantizar derechos, prolonga la precariedad.
La propuesta no solo amplía el plazo a 12 meses, sino que también contempla el pago de intereses del dos por ciento mensual sobre quince meses de salario si el juicio se extiende más allá de ese tiempo. Con ello, se busca evitar la dilación en los procesos y garantizar un respaldo económico justo para los trabajadores mientras esperan una resolución definitiva.
Este cambio legislativo representará un avance para fortalecer la justicia laboral en Chiapas, promoviendo un equilibrio más justo entre las autoridades y los empleados públicos. Además, subrayó la importancia de actualizar las leyes locales para que reflejen los tiempos reales de los procesos y protejan los derechos laborales.
