El imputado, enfrenta acusaciones graves, pero no fue encarcelado, colectivos denunciaron un desarrollo plagado de irregularidades
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Chiapas, el proceso judicial por violación agravada que enfrenta el líder sindical José Manuel “R” ha expuesto una vez más las grietas del sistema judicial. Familiares de Fany “N”, la joven víctima, claman por justicia antes de que la impunidad termine por sellar el caso. La audiencia de juicio oral marcará un punto decisivo, pero el temor crece ante la posibilidad de una sentencia manipulada por influencias externas.
Pese a la gravedad del delito, el juez Moisés Juárez Santeliz no dictó prisión preventiva oficiosa, permitiendo que el acusado siga libre. Esta decisión no solo desconcierta a las colectivas feministas, sino que revictimiza a Fany, quien ha enfrentado un proceso judicial desigual. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado tiene una tasa de impunidad del 91.2 por ciento en casos de violación, cifra que refuerza el pesimismo entre quienes acompañan el caso.
La situación se vuelve aún más alarmante si se considera que, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el 34 por ciento de los feminicidios en la región fueron precedidos por denuncias de violencia sexual. La falta de protección institucional genera un riesgo real para víctimas que, como Fany, han señalado a agresores con poder.
En este contexto, el acceso a la justicia parece una promesa lejana. Durante 2024, se iniciaron más de 520 carpetas de investigación por violación en el estado, pero organizaciones civiles alertaron que al menos el 70 por ciento de los casos no se denuncian por miedo a represalias. Este subregistro, sumado al hecho de que el 78 por ciento de los procesos judiciales contra figuras con poder político no terminan en condena, dibuja un panorama de impunidad estructural que beneficia a los agresores y desprotege a las víctimas.
El caso de Fany no es un hecho aislado, sino reflejo de un sistema permeado por privilegios, corrupción y negligencia institucional. La exigencia ciudadana no es solo que se castigue a un presunto violador, sino que se ponga fin al pacto de impunidad que protege a los poderosos. El juicio que se avecina no solo definirá el destino de un hombre, sino la credibilidad de una justicia que, en la entidad, parece reservada para quienes pueden pagarla.
