La entidad acumula más de mil 600 desapariciones, pero muchas no se denuncian por miedo o desconfianza
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Yajalón, las madres buscadoras han cruzado el umbral del dolor hacia la resistencia. Después de años de angustia acumulada, han salido a pedir lo mínimo que les queda, encontrar los restos de sus desaparecidos para darles sepultura. Ya no claman justicia ni señalan culpables, solo exigen que las autoridades dejen la simulación y actúen en los lugares donde ellas, por su cuenta, han señalado posibles fosas clandestinas.
Chiapas registró mil 638 personas desaparecidas entre 2007 y 2023, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sin embargo, organizaciones civiles advirtieron que esa cifra apenas roza la realidad, dado que muchas familias no denuncian por miedo a represalias o desconfianza institucional. Yajalón, ubicado en una zona de alta conflictividad territorial y violencia criminal, carga con un silencio aún más denso,desapariciones que ocurren sin testigos y sin respuestas.
Las madres buscadoras, acompañadas por la Colectiva de Personas Desaparecidas y un equipo de la Fiscalía General del Estado (FGE), no exigen una operación mediática, solo un trabajo profesional de rastreo forense. El clamor reveló un deterioro institucional profundo, desde 2019, la Comisión Estatal de Búsqueda ha operado de manera intermitente y sin una titular formal, un vacío que simboliza el abandono.
De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, solo el 3.5 por ciento de los casos de desaparición en la regiónllegan a una investigación formal con resultados. La impunidad, la burocracia y la negligencia erosionan lo poco que queda de esperanza. Las madres han tenido que aprender a interpretar mapas, leer el terreno, rastrear testimonios y construir, a punta de dolor, su propia red de búsqueda. La ausencia de acompañamiento oficial no solo entorpece su labor, también las expone a riesgos constantes.
Ante este escenario, las madres han dirigido un último llamado al gobernador del estado. Buscan cerrar un ciclo que la indiferencia institucional ha mantenido abierto por años. En una comarca donde el 87 por ciento de las fosas localizadas no han sido excavadas, según cifras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la exigencia no debería parecer extraordinaria, se trata de encontrar los cuerpos y volver a nombrar a quienes desaparecieron entre el polvo y el miedo.
