La falta de recursos y respuesta mantiene a la comunidad educativa en incertidumbre y vulnerabilidad
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
A más de seis años del sismo que afectó la infraestructura escolar en Chiapas, la rehabilitación de las escuelas dañadas sigue siendo una promesa incumplida. Padres de familia denunciaron que, pese a los compromisos oficiales, solo cinco de las 55 escuelas con daños estructurales serán atendidas, lo que deja en el abandono a la mayoría de las instituciones que aún representan un riesgo para la comunidad estudiantil.
Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el estado más del 12 por ciento de los planteles presentan algún daño estructural severo o moderado derivado del sismo de 2017, lo que afecta un aproximado de 18 mil alumnos. Además, la Dirección General de Protección Civil reportó que 45 escuelas en la región mantienen dictámenes vigentes de riesgo estructural sin intervención.
En varios planteles, los alumnos reciben clases en condiciones precarias, como galeras improvisadas o baños adaptados como aulas, una realidad que afecta al 7.5 por ciento de los estudiantes en comunidades rurales según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Esta situación vulnera el derecho constitucional a una educación segura y de calidad, lo que impacta el desempeño y bienestar de los niños.
El bloqueo temporal del puerto internacional Suchiate II, suspendido tras la reunión con autoridades, reflejó la tensión entre la población y Gobierno local. Sin embargo, la respuesta parcial de las autoridades estatales, representadas por la delegada en Cacahoatán, ha dejado a los padres en alerta, dispuestos a retomar las protestas si no se cumple con la rehabilitación integral.
El reclamo de los padres es un llamado urgente a priorizar la reconstrucción educativa, puesto que la Secretaría de Educación estimó que el 18 por ciento de las escuelas afectadas aún no cuentan con recursos asignados para obras. Mientras la mayoría de las escuelas siga en condiciones de riesgo, la frontera sur enfrentará una deuda histórica con sus estudiantes y sus comunidades.
