Una falla en la bomba principal y falta de mantenimiento mantienen vacíos los tanques de almacenamiento
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Mientras en muchas regiones el acceso al agua potable es una garantía básica, en Altamirano, es un lujo que la población no ha podido permitirse durante casi dos años. El municipio enfrenta una crisis hídrica que ha rebasado los límites de la tolerancia ciudadana, con colonias enteras sumidas en el desabasto total desde hace 15 días. Lo alarmante es que esta nueva etapa crítica solo es la continuación de un problema que se arrastra desde hace 22 meses.
La raíz de la emergencia se remonta a una falla en la bomba principal en agosto de 2023, ocurrida en plena crisis política municipal. En aquel entonces, la toma prolongada del ayuntamiento dejó a la infraestructura en abandono, sin mantenimiento ni seguimiento técnico. Hoy, los tanques de almacenamiento siguen vacíos, las bombas en Santa Elena no han sido rehabilitadas y las autoridades actuales no han emitido un plan concreto de solución. La situación afecta ya a más del 70 por ciento de la población urbana del municipio, según estimaciones locales.
Mientras tanto, los hogares han tenido que adaptar su economía para sobrevivir, pipas que cuestan entre 300 y 400 pesos, garrafones de 20 litros a 10 pesos, y largas jornadas para conseguir agua en condiciones mínimas de higiene. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el 35 por ciento de los municipios de Chiapas tiene algún nivel de rezago en acceso al agua potable, y Altamirano encabeza la lista de cabeceras municipales con mayor persistencia en interrupciones del servicio.
La falta de agua impacta no solo la vida cotidiana, sino también la salud pública. Datos de la Secretaría de Salud estatal señalaron que en zonas con acceso limitado al agua potable hay un aumento del 27 por ciento en enfermedades gastrointestinales, en especial en niños. En Altamirano, centros educativos y unidades médicas ya reportan afectaciones operativas por la escasez. Además, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha recibido múltiples quejas por la falta de cumplimiento del derecho humano al agua.
Lo que para las autoridades parece ser una avería más en la infraestructura, para los habitantes de El Campo, Las Casitas, La Candelaria, El Arenal y Barrio Centro es una emergencia que mina su salud, su economía y su dignidad. Frente a la omisión institucional, la población exige acciones concretas. No es solo un reclamo técnico, es un llamado urgente a garantizar un derecho básico que se ha postergado durante más de cinco años.
