“Carpetazo” exprés, poco tiempo para investigar y quejas sin pruebas sólidas perfilan que el tema quede sin castigo
PORTAVOZ/AGENCIAS
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un mes para concluir su investigación sobre los acordeones judiciales desde el punto vista de la fiscalización.
A marchas forzadas, busca establecer quién está detrás de la impresión y distribución de las listas, con qué recursos se hizo y determinar si se puede atribuir el beneficio indebido a las candidaturas enlistadas.
Pero el fiscalizador del INE, David Ramírez Bernal, advirtió que es un tema “terriblemente complejo” y anticipa que el poco tiempo para resolver hará muy difícil acreditar tanto la autoría como quién los pagó.
“Estamos haciendo indagatorias hasta donde nos da. Si nosotros tuviéramos cuatro años posiblemente llegamos a conclusiones, pero tenemos 10 días para hacer todo esto”, comentó David Ramírez Bernal, fiscalizador del INE.
El 18 de julio se presentará en la Comisión de Fiscalización un dictamen consolidado y un anteproyecto de resolución, mismo que será sometido a aprobación del Consejo General a más tardar el 28 de julio.
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE investiga no solo las denuncias por la distribución y uso de acordeones, también revisa más de 400 quejas en materia de fiscalización relativas a las campañas judiciales que, en su mayoría, acusan rebases de tope de campaña.
Un grupo de 16 de esas quejas serán resueltas este jueves por el Consejo General del INE, en tanto que una decena de denuncias sobre acordeones ya fue desechada y otras más están en investigación en dos áreas del INE.
Adicionalmente, la UTF se encuentra en la revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña de siete mil 757 candidaturas judiciales federales y locales, que deberá resolver a más tardar el 28 de julio.
¿CÓMO INVESTIGAN?
El INE investiga por dos vías el asunto de los acordeones: en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) y en la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).
Ante la UTCE, los acordeones se han denunciado por afectar la integridad electoral, la libertad del sufragio, ser una presunta estrategia de inducción o coacción al voto, así como un mecanismo por el que hubo aparente intervención partidista o de Gobierno.
En la UTF, los acordeones son investigados respecto al financiamiento, costo y producción. Esta Unidad determinará si hubo algún beneficio obtenido por las candidaturas enlistadas y la cuantificación de ese beneficio en términos económicos.
Sin embargo, prácticamente todas las candidaturas mencionadas en las listas se han deslindado de la producción y distribución de los acordeones, lo que significaría que una persona o ente privado los financió.
Eso coloca a los acordeones en carácter de ilegales, puesto que en la elección judicial estuvo prohibido el uso de recursos públicos y privados, y solo las candidaturas podían gastar de su dinero, con límites.
