La pobreza, falta de educación y costumbres mantienen vigente una práctica que vulnera los derechos más básicos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Chiapas enfrenta una crisis profunda, es el estado con la mayor tasa de matrimonio infantil en México, una realidad que coloca en jaque los derechos y el futuro de miles de niñas. Datos recientes de la Secretaría de Salud y organizaciones nacionales e internacionales evidenciaron que las uniones tempranas, muchas veces forzadas, siguen siendo una práctica común, en zonas rurales y comunidades indígenas, donde prevalecen tradiciones y contextos socioeconómicos adversos.
El fenómeno va más allá de una simple estadística. En municipios como Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, niñas de entre 10 y 12 años son madres con parejas adultas que duplican o triplican su edad. Esta disparidad reveló no solo un problema de derechos vulnerados, sino también un patrón que reflejó desigualdad y pobreza extrema que limita las opciones de estas jóvenes para acceder a educación y desarrollo personal.
Un contraste preocupante se observa en las cifras oficiales: según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en Chiapas, el 38 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años han tenido al menos un hijo, cifra que supera el promedio nacional del 16 por ciento. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que la tasa de abandono escolar en secundaria en Chiapas supera el 25 por ciento, una de las más altas del país, lo que agrava el círculo vicioso que mantiene a estas niñas fuera de la escuela y dentro de relaciones prematuras.
La pobreza también es un factor crítico. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 76 por ciento de la población chiapaneca vive en condiciones de pobreza, con un acceso limitado a servicios básicos y oportunidades económicas. En este contexto, el matrimonio infantil se convierte para muchas familias en una estrategia de supervivencia.
La persistencia de estas prácticas demuestra la insuficiente aplicación de las reformas legales nacionales que prohíben el matrimonio antes de los 18 años. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que la falta de mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de estas leyes en comunidades marginadas permite que las “uniones informales” y matrimonios forzados sigan normalizados.
