La falta de vigilancia ha convertido el centro del municipio en una zona de riesgo diario para peatones y automovilistas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Cacahoatán no se trata de un problema de movilidad, sino de abandono institucional. Lo que comenzó como una tolerancia informal a paradas ilegales y comercio ambulante ha escalado hasta convertirse en un descontrol estructural. Calles tomadas, banquetas inservibles, tránsito colapsado, el espacio público es rehén de quienes operan sin regulación alguna, ante la pasividad de las autoridades municipales.
Mientras el alcalde Víctor Pérez Saldaña presume avances en urbanismo, la realidad exhibe otra cara. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chiapas concentra la tercera tasa más alta de informalidad laboral en el país con el 73.3 por ciento, lo que explica, en parte, la proliferación de comercios sin control en municipios como Cacahoatán. Pero la informalidad no solo se refiere al empleo, también define la forma en la que se administra el territorio, sin reglas claras ni vigilancia efectiva.
El transporte colectivo en Cacahoatán opera al margen de toda normativa. Las combis no respetan paradas, invaden carriles y se detienen al antojo de sus choferes. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 62 por ciento de los accidentes urbanos en municipios del estado están relacionados con transporte público desorganizado, una cifra que debería bastar para replantear toda la política vial local. Pero aquí, ni el caos genera reacción.
A ello se suma el colapso peatonal. Desde el mercado hasta las arterias principales, los puestos semifijos han tomado calles y banquetas, esto obliga a miles de personas a caminar entre los vehículos. En un municipio donde, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 48 por ciento de la población vive en zonas sin infraestructura urbana adecuada, la invasión del espacio público no es solo una molestia, es una amenaza cotidiana.
Los ciudadanos han denunciado esta situación durante años. Pero ni la Dirección de Vialidad ni los inspectores municipales dan respuesta. El silencio oficial, como ha ocurrido en otros municipios de la región, deja la sospecha de pactos encubiertos que benefician a grupos específicos.
