Organizaciones civiles exigen acciones urgentes ante el incremento de muertes de niñas y adolescentes
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, la violencia no distingue edades. A mitad del año, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescentes (REDIAS) alertó sobre un dato estremecedor, ocho infanticidios se han cometido en la entidad desde enero. Las cifras no solo describen tragedias aisladas, sino que revelan un patrón de agresiones letales contra la infancia, en un estado donde el abandono institucional se traduce en muerte.
El asesinato de Marbeli Mabeli Córdoba, de solo siete años, alcanzada por una bala en Paso Hondo, Frontera Comalapa, puso rostro a una estadística dolorosa. En lo que va del año también se han registrado tres homicidios y cinco feminicidios de niñas y adolescentes. La violencia armada, ligada a la disputa de grupos del crimen organizado, se ha filtrado hasta el tejido más vulnerable de la sociedad, las infancias. Y en medio del fuego cruzado, las autoridades siguen sin articular respuestas efectivas.
La situación no es nueva ni accidental. Desde 2016, la Alerta de Violencia de Género se encuentra activa en siete municipios de Chiapas, pero su implementación ha sido deficiente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 el 71.3 por ciento de las chiapanecas reportaron sentirse inseguras en su entorno. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 37 feminicidios en la entidad solo en 2024, un aumento del 32 por ciento respecto al año anterior. Esta escalada ha generado una preocupación legítima sobre la capacidad del Estado para responder a una violencia que se multiplica.
Los colectivos feministas, como 50+1, han señalado que el mes de junio se convirtió en el más letal en términos de violencia feminicida. El reciente ataque en Mapastepec, que dejó una mujer asesinada y una menor herida de gravedad, expone la fragilidad del actual modelo de prevención. A esto se suma que, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, el 84 por ciento de los delitos contra menores en la región no llegan a judicializarse. La impunidad, en este contexto, no es una consecuencia, es parte del problema.
Ante este panorama, REDIAS y otras organizaciones sociales insistieron en la necesidad de replantear desde raíz las estrategias gubernamentales. El reclamo no es solo por justicia, sino por una transformación profunda del enfoque,no se trata de reaccionar cuando la tragedia ocurre, sino de impedir que las niñas y adolescentes sigan siendo blanco de la violencia estructural.
