Productores y jornaleros temen efectos colaterales ante la posible alza de precios por restricciones comerciales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque Chiapas no es uno de los principales estados productores de jitomate en México, la imposición del arancel del 20.91 por ciento a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos representa un llamado de atención para el sector agrícola chiapaneco. La dependencia del mercado estadounidense, que absorbe el 99 por ciento de las exportaciones de jitomate, impacta a toda la cadena productiva nacional, incluyendo a productores y jornaleros del sur del país.
La entidad, con una agricultura diversificada, podría sufrir efectos indirectos ante el encarecimiento del jitomate mexicano y la incertidumbre comercial. Esta medida, que afecta a estados como Sinaloa y San Luis Potosí, también pone en riesgo la estabilidad laboral de trabajadores agrícolas chiapanecos vinculados a cadenas de suministro regionales y nacionales. Según datos oficiales, la agroindustria representa cerca del 15 por ciento del empleo rural en la entidad.
En las negociaciones que llevan el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo, se busca mitigar el impacto económico no solo para los grandes productores, sino para todas las regiones agrícolas de México, incluido el estado. El exsecretario Ildefonso Guajardo confió en un acuerdo antes del 14 de julio, fecha en que entrará en vigor el impuesto, para evitar repercusiones mayores.
La Universidad de Arizona advirtió que un incremento en los precios del jitomate podría provocar la pérdida de 50 mil empleos en Estados Unidos, un efecto que podría repercutir en las remesas y la economía chiapaneca, dado el fuerte vínculo comercial y social entre ambas fronteras. Además, la contribución del jitomate mexicano al Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense alcanza los tres mil 400 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del intercambio agroindustrial.
Aunque la región no lidera la producción nacional de jitomate, el estado se mantiene vigilante ante esta situación que podría generar un efecto dominó en sus productores y trabajadores agrícolas. La búsqueda de un acuerdo que proteja el campo mexicano es, por tanto, también una defensa del desarrollo rural y la estabilidad económica en la entidad sureña.
