Acusan el desvío de fondos y el incumplimiento del convenio que garantizaba salarios equiparables a los de Estados Unidos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Cuatro décadas después de haber sido despedidos, extrabajadores de la planta binacional contra el gusano barrenador, conocida como “La Mosca”, rompieron el silencio. Denunciaron un esquema de corrupción internacional que, bajo la complicidad de funcionarios mexicanos y estadounidenses, sindicatos y autoridades federales, les arrebató el 80 por ciento de su salario y les dejó sin respaldo laboral ni justicia.
El acuerdo original, firmado el 28 de agosto de 1972, estipulaba que Estados Unidos financiaría el 80 por ciento de los sueldos, y México el restante. Pero en 1978, los empleados fueron cambiados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), esto anuló el carácter binacional del convenio. Según cifras oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la inversión conjunta en la campaña contra el gusano barrenador superó los 250 millones de dólares entre 1972 y 2000, sin que se haya auditado el destino de estos recursos en México.
Los extrabajadores, organizados en comités ciudadanos, aseguraron que jamás fueron contratados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) como afirma la versión oficial, sino por la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (COMEXA). Exigen una investigación sobre el desvío de fondos durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
El cierre de la planta en 1996 se justificó con la supuesta erradicación del gusano barrenador. Sin embargo, datos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) revelaron que entre 2021 y 2023 hubo al menos 12 brotes confirmados de la plaga en zonas limítrofes, lo que confirmo que la erradicación fue parcial y se abandonó una tarea que debía mantenerse activa como barrera sanitaria. También señalaron que el 67 por ciento de los empleados despedidos jamás recibió finiquito ni acceso a prestaciones.
Hoy, más que justicia retroactiva, los extrabajadores pidieron una respuesta que dignifique décadas de omisión. Si el Estado mexicano no responde, aseguraron que llevarán el caso a tribunales internacionales de derechos laborales. Porque la memoria, insisten, no se archiva.
