Organizaciones civiles advirtieron que las menores enfrentan cada vez más homicidios, agresiones sexuales y feminicidios
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Una fractura se profundiza en Chiapas, la violencia feminicida ya no distingue edades. Las niñas y adolescentes, históricamente víctimas de desaparición y agresiones sexuales, comienzan a aparecer con mayor frecuencia entre los casos de homicidios y ataques directos. Según la Red por los Derechos de las Infancias y las Adolescencias en Chiapas (Redias), este giro en el patrón de violencia representa una nueva alerta para las autoridades estatales, que siguen sin redireccionar los protocolos de prevención y atención ante una amenaza que ha dejado de ser invisible.
El feminicidio ocurrido el 01 de julio en Mapastepec, donde una adolescente resultó herida y una mujer adulta fue asesinada a balazos, no es un caso aislado, sino parte de una ruta que viene marcándose con nombres propios, niñas asesinadas, hermanas envenenadas, adolescentes acribilladas. A estos se suman los efectos colaterales, hijos e hijas huérfanos, obligados a vivir con el trauma de haber perdido a su madre de forma brutal. En muchos de estos hogares no hay justicia ni acompañamiento, solo silencio institucional.
Melel Xojobal ha documentado al menos cinco feminicidios de menores en el primer semestre del año, una cifra que contrasta con la frialdad de los reportes oficiales, que reconocen solo 11 feminicidios hasta mayo. Mientras tanto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indicó que en la región hay 262 niñas y adolescentes desaparecidas entre enero y junio de 2025. El 65 por ciento de estos casos siguen sin resolución.
Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que en el mismo periodo se iniciaron mil 124 carpetas por delitos sexuales en la entidad, de los cuales el 58 por ciento afectaron a menores de 18 años. A ello se suma que la comarca ocupa el tercer lugar nacional en embarazos infantiles, con 738 nacimientos de niñas menores de 14 años registrados por la Secretaría de Salud durante 2024, un dato que dimensiona el contexto de abusos sistemáticos.
Las estadísticas y los nombres hablan por sí solos, pero no se traducen aún en política pública efectiva. Aunque las cifras han aumentado, las fiscalías especializadas siguen sin tener presupuesto suficiente ni cobertura estatal. La violencia hacia niñas y adolescentes se ha transformado en una epidemia silenciosa. En el territorio, cuatro de cada 10 delitos contra mujeres están dirigidos a menores. El Estado tiene una deuda pendiente con sus infancias.
