Aunque el salario mínimo ha mejorado, no alcanza para cubrir las expectativas laborales de quienes regresan tras años de trabajo en el extranjero
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La reinserción laboral de los mexicanos deportados desde Estados Unidos enfrenta una compleja red de obstáculos que dificultan recuperar las condiciones económicas que tenían en el extranjero. Más allá de la voluntad individual, factores estructurales como la informalidad laboral, la inseguridad pública y las exigencias fiscales conforman un entorno adverso que frena sus oportunidades de desarrollo inmediato, advirtió el consultor fiscal Néstor Gabriel López.
A pesar de que el salario mínimo en México ha tenido un aumento significativo, al pasar de 141.7 pesos diarios en 2022 a 207.44 pesos en 2025, esta mejora no se traduce en mejores condiciones para los repatriados. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 56 por ciento de los empleos en el país son informales, sin acceso a seguridad social ni prestaciones, lo que limita el acceso a trabajos formales que puedan sostener una calidad de vida digna.
El problema es sistémico. López señaló que mientras el país carece de un ecosistema empresarial robusto que incentive la innovación y la creación de empleos formales, los migrantes regresan con habilidades y experiencia, pero con pocas opciones para insertarse en un mercado laboral rígido y saturado. En Chiapas, por ejemplo, el Consejo Estatal de Población reportó que cerca del 65 por ciento de los retornados busca trabajo en actividades manuales, donde la informalidad es la norma y los ingresos bajos.
Además, la carga administrativa y regulatoria representa otro obstáculo significativo. El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE), impuesto para controlar subcontrataciones, exige procesos complejos y sanciones severas, lo que desalientan a muchos pequeños empresarios y migrantes para formalizar sus actividades. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en 2024 el 43 por ciento de las empresas en México enfrentaron dificultades para cumplir con regulaciones fiscales y laborales, lo que afecta la creación de nuevos empleos.
Asimismo, la inseguridad pública sigue siendo un lastre que ahuyenta tanto la inversión extranjera directa como el desarrollo local. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) indicó que el 68 por ciento de la población en zonas urbanas se siente insegura, factor que desalienta a emprendedores y limita el crecimiento económico.
