Sindicalistas reclaman exclusión de juntas clave, prácticas misóginas y favoritismo hacia pseudolíderes sin registro vigente
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Mientras Chiapas se ubica entre los estados con mayor precarización en el sector salud, al interior del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSTECH) se gestan denuncias por irregularidades que van desde la retención ilegal de cuotas sindicales hasta actos de discriminación y tráfico de influencias. La doctora Juana Alicia Natarén López, con casi tres décadas de servicio, decidió romper el silencio, acusó a la directora general, María del Carmen Fernández Benavente, de violar derechos laborales básicos bajo el amparo de la burocracia.
Natarén aseguró que a 163 trabajadores se les han retenido sus cuotas sin respetar su derecho a elegir a qué sindicato pertenecer. Es un tema que va más allá de una disputa gremial, se trata de una vulneración sistemática al artículo 123 constitucional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 58.6 por ciento de los trabajadores de instituciones públicas estatales no cuentan con mecanismos efectivos para denunciar irregularidades internas sin represalias.
A pesar de que los afectados presentaron pruebas y ganaron un amparo, las decisiones administrativas han desacatado el fallo judicial. Esto incluye la negativa a validar permisos de trabajadores que regresan de licencias. En un estado donde el 39 por ciento de los empleados del sector salud trabajan bajo contratos temporales según la Secretaría de Salud, la falta de certeza laboral no es meno, es una forma de control.
Natarén también señaló favoritismos institucionales, mencionó a Óscar Mariano Cuesta Vázquez como pieza clave en el control interno. Sin representación legal vigente, y con antecedentes de comportamiento misógino según testimonios, Cuesta Vázquez mantiene acceso y poder dentro del hospital. Este tipo de relaciones de poder paralelas contrasta con el discurso de transparencia del Gobierno estatal, que presume haber sancionado a más de 120 servidores públicos por faltas administrativas entre 2021 y 2024, conforme a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública local.
Además, se anunció una fiesta institucional mientras trabajadores activos y jubilados siguen bonos y prestaciones. En la comarca, donde el 71 por ciento de la población ocupada gana menos de dos salarios mínimos, la opacidad en el uso de recursos públicos en instituciones como el ISSTECH deja en claro que los discursos de austeridad y equidad aún no cruzan la puerta de muchas oficinas.
