La mayoría de víctimas son mujeres migrantes, obligadas a pagar cuotas bajo amenaza de ser entregadas a migración
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En pleno corazón de Tapachula, el parque Miguel Hidalgo se ha convertido en un territorio hostil para trabajadoras sexuales, muchas de ellas migrantes. Lejos de encontrar un espacio seguro, enfrentan amenazas, cobros ilegales y vigilancia de presuntos explotadores. La calle, que debería ofrecer visibilidad, se ha vuelto el lugar donde se les obliga a pagar por existir, bajo extorsión y el silencio institucional.
Organizaciones como la Brigada Callejera han alertado que estas prácticas se repiten con patrones similares en distintos puntos del país. En el caso de Tapachula, se ha identificado a un presunto padrote que controla los horarios y a quién se le permite trabajar, esto beneficia a unas y margina a otras. La ausencia de regulación federal sobre el trabajo sexual abre paso a estas redes informales que actúan con impunidad, incluso ante la vista pública.
El panorama se agrava al considerar que el 95 por ciento de las trabajadoras sexuales en México laboran en la informalidad, según datos de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Esto las deja sin acceso a justicia ni protección laboral. En Tapachula, donde el 76 por ciento de la población migrante son mujeres según el Instituto Nacional de Migración (INM), muchas se enfrentan al chantaje constante, pagar o ser entregadas a migración. La vulnerabilidad es usada como herramienta de sometimiento.
A esto se suma una cultura social que criminaliza su presencia. Comerciantes del centro han comenzado a recolectar firmas para expulsarlas, lo que ignora que, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, más del 50 por ciento de las mujeres en contextos de marginación han recurrido a actividades informales para sobrevivir. Las trabajadoras sexuales causan disturbios; están sobreviviendo en una ciudad que las castiga por ello.
Lo más alarmante no es la extorsión, sino la normalización. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Género, solo el tres por ciento de las denuncias hechas por trabajadoras sexuales prosperan, mientras que ocho de cada 10 enfrentan represalias. La situación en Tapachula no es un hecho aislado, es un espejo del abandono institucional, la discriminación sistemática y urgencia de una legislación que deje de ignorar a quienes existen y resisten en los márgenes.
