Con dictámenes técnicos obligatorios y mayor vigilancia municipal, busca defender el uso del suelo y evitar daños
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Este miércoles, el Pleno del Congreso del Estado de Chiapas aprobó, una reforma significativa a la Ley Ambiental, orientada a frenar construcciones sin autorización y a proteger el medio ambiente.
Con 35 votos a favor de un total de 40 legisladores, la modificación al artículo 4 establece la obligatoriedad de obtener un dictamen técnico emitido por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Este dictamen se vuelve esencial para determinar el uso del suelo en los ordenamientos ecológicos territoriales y para establecer un depósito por compensación ambiental que debe realizar el promotor de una obra o actividad, tras obtener la autorización y la opinión favorable en materia de impacto ambiental.
Durante la sesión, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó la importancia de esta reforma, que también incluye la necesidad de un dictamen de vialidad técnica en materia de ordenamiento ecológico y territorial. Además, se establece la participación de un inspector técnico ambiental que realizará inspecciones físicas en los predios destinados al desarrollo de proyectos. Esta medida busca garantizar que se verifique la presencia de ecosistemas terrestres o acuáticos que puedan ser afectados por las actividades propuestas.
La diputada Valeria Santiago Barrientos enfatizó la relevancia del ordenamiento territorial, afirmando que cualquier cambio en el uso del suelo debe ajustarse a la ley y que todas las construcciones deben contar con los permisos correspondientes. “Se trata de aplicar la ley y garantizar un uso adecuado del suelo”, argumentó. La reforma también exige que los documentos oficiales en materia de impacto ambiental contengan criterios claros para permitir actividades como la lotificación o construcción de fraccionamientos, conjuntos habitacionales o condominios. Estos documentos deben incluir condiciones que minimicen los efectos negativos sobre el medio ambiente y promover un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Los instrumentos de ordenamiento ecológico se refuerzan, permitiendo analizar y evaluar proyectos públicos o privados, considerando factores relevantes que pueden generar conflictos ambientales por el uso del suelo. Asimismo, se establece que la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas será responsable de vigilar el cumplimiento de las autorizaciones y realizar clausuras de obras que representen un riesgo inminente al medio ambiente, según lo estipulado en el artículo 9.
Además, el artículo 10 asigna a los ayuntamientos la responsabilidad de autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo. Estos deberán solicitar a los promotores de proyectos la autorización o, en su caso, la opinión favorable que emita la Secretaría en materia de impacto ambiental, conforme al artículo 87 de la Ley. Por último, el artículo 14 faculta a los ayuntamientos a integrar un Comité Ecológico Municipal, promoviendo la participación de habitantes, propietarios, organizaciones sociales, comunidades indígenas y afromexicanas en el desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, ecosistemas y biodiversidad.
Esta actualización de la Ley Ambiental en Chiapas representa un avance importante en la regulación del uso del suelo y la protección del medio ambiente, evidenciando un compromiso por parte del Gobierno estatal y los legisladores en la búsqueda de un desarrollo más sostenible.
En un contexto donde las construcciones no reguladas han generado preocupaciones sobre el daño ambiental y la pérdida de biodiversidad, esta reforma podría marcar un punto de inflexión hacia prácticas más responsables y conscientes del entorno.
