La mayoría de los casos se dirigen contra defensores del territorio y el medio ambiente
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Las cifras de agresión contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chiapas se han disparado sin que exista una respuesta institucional proporcional a la gravedad del fenómeno. En el último año, al menos 124 casos fueron documentados, denunció el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), aunque la organización advirtió que la cifra real podría ser mucho mayor debido al subregistro causado por el miedo y la desconfianza en las autoridades locales.
El perfil de las víctimas mostró una tendencia clara, quienes defienden el territorio, el medio ambiente y los derechos de pueblos originarios son los blancos más comunes. La criminalización mediante detenciones arbitrarias, amenazas constantes y vigilancia en redes sociales no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural. A esto se suma la falta de justicia, el 94 por ciento de los delitos cometidos contra periodistas en México siguen impunes, según datos de la organización Artículo 19.
Lejos de representar un fenómeno menor, la situación en la comarca se inserta en un contexto nacional alarmante. De acuerdo con el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, más de mil 031 personas defensoras y periodistas reciben medidas de protección en todo el país, y la región se encuentra entre los seis estados con mayor número de solicitudes activas. A nivel estatal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó en 2023 que solo el 8.3 por ciento de los chiapanecos confían en su Ministerio Público, uno de los porcentajes más bajos del país.
Además, el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo reveló que en la entidad se registraron 456 delitos contra la libertad personal en 2024, cifra que incluye desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad, delitos que muchas veces están ligados a contextos de activismo o denuncia pública. Estas condiciones han provocado que muchas víctimas opten por no denunciar, mientras que otras han debido desplazarse o exiliarse.
Pese a los discursos institucionales que proyectan a la comarca como un estado seguro y estable, los datos muestran lo contrario. Las agresiones se sostienen sobre una doble base, la presencia de actores armados fuera de control y la descomposición institucional que permite su avance. Las palabras de la integrante del SIPAZ, Damaris Guaza, no son advertencia, sino constatación, “Las defensoras no solo enfrentan al crimen, también enfrentan al abandono del Estado”.
