Patrullas sin placas y agentes viales sin casco desatan el enojo en la población
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En Acapetahua, la inconformidad ciudadana ya no se limita a comentarios en voz baja, los habitantes han decidido denunciar las irregularidades cometidas por el propio ayuntamiento. El reclamo central es contundente, si las autoridades exigen respeto a las normas de tránsito, deben ser las primeras en acatarlas. La queja se sostiene en hechos visibles, agentes de Vialidad Municipal circulan en motocicletas sin casco y patrullas que operan sin placas.
El malestar no se reduce a la imagen de un mal ejemplo; la falta de cumplimiento por parte de quienes deben hacer cumplir la ley mina la legitimidad de la autoridad. Según el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Chiapas el 18.3 por ciento de los accidentes viales en 2024 estuvo relacionado con conductores de motocicletas que no portaban casco. La cifra preocupa aún más cuando quienes incumplen la norma son los mismos encargados de vigilarla.
A esto se suma el uso irregular de patrullas sin placas, una práctica que infringe el Reglamento de Tránsito estatal y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte local, ha derivado en más de dos mil 800 sanciones a ciudadanos en el último año. Para los pobladores, la incongruencia erosiona la confianza y refuerza la percepción de que las reglas no son iguales para todos.
El descontento también apuntó a un terreno más delicado, la libertad de expresión. Los denunciantes aseguraron que cualquier crítica publicada en canales oficiales del ayuntamiento es eliminada, y que algunos ciudadanos han recibido advertencias para que “bajen el tono”. Esta percepción no es menor en un estado donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 41 por ciento de la población considera que las autoridades municipales no respetan el derecho a opinar con libertad sobre su gestión.
Los reclamos hacia la administración municipal incluyen medidas concretas, colocar placas a las patrullas, retirar vehículos oficiales abandonados, y garantizar que los agentes de vialidad porten casco y respeten el reglamento. En un municipio donde, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU, 2025), el 68 por ciento de la población considera que la corrupción es frecuente en su Gobierno local, cumplir con las normas viales no es un detalle menor, es una prueba de coherencia y de respeto hacia la comunidad que representan.
